ASAMBLEA NACIONAL

Enseñanzas de un juicio histórico: Vicente A. Caballero Díaz

Los días 18 y 20 del corriente mes marcaron actos sin precedentes históricos en el calendario de la vida política y jurídica del país. Se trata de las acusaciones contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y destaco este suceso inusual, por las implicaciones que conlleva. Me refiero a un fundamental Órgano del Estado constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados. Ante ese despacho me quito el sombrero y goza de respeto y admiración, en virtud de las atribuciones constitucionales y legales que le consagra la carta magna. Este es el concepto que siempre he reservado para un ente de tanta envergadura y misión, por ser responsable de salvaguardar la integridad de la carta magna, las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y otros actos. Esta apreciación se sitúa en una meritoria plataforma de donde parten todas las decisiones y enseñanzas acertadas que contribuirán a fortalecer las bases de la democracia y la seguridad nacional.

El caso que nos ocupa, del magistrado imputado, surtirá efectos por muchos años y tendrá que constituir un proceso de aprendizaje para los órganos de administración de justicia, para el Ejecutivo y Legislativo. Y estas imputaciones que calificará y decidirá el sistema penal acusatorio, por primera vez en Panamá, no constituyen un hecho aislado de la función judicial de la Asamblea Nacional, contemplada en el Art. 160 de la Constitución, razón de ser de este escrito. Son los “padres de la patria”, los diputados de cada circuito, los que al final de esta maraña han de dictar de manera imparcial el veredicto de condena o absolución. Este evento no es político, como el caso del Dr. Arnulfo Arias en 1951, condenado por la Asamblea cuando Remón Cantera, jefe militar, irrumpió la Presidencia. Ahora los diputados estarán ante un acto de justicia, probidad, rectitud, integridad, honradez, como quieran llamarle.

Ellos tienen que responder a la Constitución por lo expresado en el Art. 160, como diputados que representan los intereses del país, no de los partidos, pues tendrán que ejercer una posición y decisión individual, un acontecimiento que la niñez, la juventud y los ciudadanos de la República tendríamos que apreciar, aplaudir o censurar para toda su existencia. No se trata de una condena precitada ni cargada de juicios a priori, sino de una decisión sustentada con hechos y objetividad, que de forma clara y transparente tenga sustento probatorio. En este escenario no caben arreglos por debajo de la mesa ni subordinados a componendas de ninguna índole que desnaturalicen la transparencia, justicia y la pulcritud ciudadana. Como tampoco los admitirá el nombramiento del nuevo contralor. Comprendemos la compleja posición de los diputados revestidos de esa función judicial que le consagra la Constitución, pero el país reclama decencia y pulcritud por una depuración general, el rescate de la ética, la moral y los valores ciudadanos. Esa es la mejor enseñanza para hijos, nietos y abuelos, una conducta nueva que hereden las futuras generaciones, que no pueden ni deben caer en estos desenfrenos que opacan a la patria.

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