REQUISITOS PARA UN MEJOR PAÍS

Equilibrio de poder: Miguel A. Boloboski Ferreira

El ejercicio de la libertad en democracia no puede ser absoluto. La libertad es pórtico monumental que según contexto y perspectiva resulta ser el medio primario, elemental e insustituible para la consecución de otros derechos; por consiguiente, ninguno de sus actores ni “el Estado” todopoderoso ni el particular condescendiente, flexible, tolerante y liberal pueden pretender el uso indiscriminado de tal responsabilidad. Ambos requieren de cortapisas, pesos y contrapesos que conlleven un “equilibrio de poder”.

Esencial para esta dinámica y umbilical relación, es la aplicación del concepto referido a la distribución, división, fragmentación y reparto del poder (Artículo 2 de la Constitución Política: “El poder público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”).

Diversas teorías han hecho hincapié en los peligros de una excesiva concentración y acumulación de poder. En Alemania, Ludwig Erhard propugnaba por el “principio del poder distribuido”, cimentado el precepto en lo peligroso que es acumular demasiado poder en manos públicas o privadas. Otras teorías establecen que la “descentralización” reduce el poder absoluto; que la “libertad económica” es la única capaz de disminuir el poder que puede tener una persona sobre otra o un Estado sobre sus ciudadanos. Que una sociedad con “poderes en equilibrio” progresa más que una centralizada; y que “la armonización de millones de iniciativas” conduce a un orden superior.

Ejemplo de lo anterior acaeció en el Chile de Pinochet. Anecdóticamente su ministro de Hacienda, Hernán Buchi, sentenciaba, ante pregunta de prensa, que “las reformas económicas serían de manera proporcional y directa las responsables de la apertura democrática”, mas no así, los actos de terrorismo llevados a cabo contra el régimen de la época. Su predicción es palpable incluso a la fecha.

¿Por qué no podemos aplicar esos mismos principios de manera sistemática y consistente en nuestra sociedad? Esta tesis convertida en ley (más allá de cualquier duda) se sustenta en el hecho de que en aquellos países en donde hay equilibrio de poderes, se multiplican las probabilidades de bienestar general, relación causal entre la prosperidad que generan la diversidad de actores económicos y la fragmentación balanceada del poder del Estado. Esta propuesta se opone a la inercia intelectual que va en sentido contrario, que sostiene que la prosperidad, seguridad, educación, salud, y cualquier otro concepto de desarrollo y calidad de vida, solo se logran por el camino opuesto, potenciando el poder del Ejecutivo, en contravención de los otros órganos del Estado, y de la sociedad civil en general.

Ante lo delicado y complejo del tema, uno de los aspectos que la comisión de notables para las reformas constitucionales debiera proponer, es el relacionado con la independencia económica que precisan otros órganos del Estado, incluyendo, por cierto, además del Legislativo y el Judicial, al Tribunal Electoral y al Ministerio Público. Es imposible pretender resolver el fondo del asunto sin reconocer que mientras el Ejecutivo prolongue su hegemonía sobre el presupuesto de la nación, no hay posibilidad de que la separación de poderes, de la que habla el artículo segundo de la Constitución, se materialice en la práctica.

No es casual, entonces, la correlación en los puntajes que obtienen aquellos países cuyo respeto y esfuerzo en temas como la libertad de expresión, libertad económica, competitividad y educación conllevan como resultado sociedades progresistas y cualitativas, frente a aquellos que van en contravía o no son constantes y consecuentes en sus acciones. Panamá se ubica en la posición 81 en cuanto a la libertad de expresión; 59 en libertad económica; 49 en competitividad, y entre penúltimo y tras antepenúltimo en educación, según el último informe de la OCDE.

Es natural y explicable que aún hoy subsistan ideas tradicionales, contrarias al “equilibrio del poder”, y que en su esencia hablan de gobiernos fuertes y centralizados. Me inclino por ideas que tengan como lógica el concepto de libertad, puesto que si un ciudadano es investido en su derecho de emisión de voto para la elección de un gobernante –y de las consecuencias de su decisión– resulta incoherente que el Estado actúe de forma abusiva, omnipotente y absoluta, bajo la falsa premisa de que fueron elegidos para gobernar, y no para cogobernar.

Concluyo que es por medio del ejercicio de las libertades cívicas: circulación, empresa, expresión, reunión, pensamiento, etc., sin impedimento estatal y gozando para su disfrute de la protección del Estado, que nuestros anhelos “por un Panamá mejor” se convertirán en realidad.

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