RECLAMO COMUNITARIO

Esquivos títulos de propiedad: Pablo Rueda Romero

De extremo a extremo del país nos hemos pasado ya casi dos décadas hablando y escribiendo sobre el tema de la transformación de derechos posesorios en los títulos de propiedad. Sin embargo, de nada ha valido; ni las súplicas de los ciudadanos afectados por esta grave inseguridad jurídica, muy típica de nuestro país, ni los sesudos argumentos de juristas, ni la inmensa experiencia de importantes economistas de talla mundial para quienes “país titulado, país desarrollado´´.

Y, a pesar de las cifras reveladas por la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) sobre los resultados de su labor, la realidad pareciera ser otra. Al menos en la provincia de Colón el sentir general es de una desesperanza que raya en la desesperación. Miles y miles de personas que ocupan sus tierras desde hace varias décadas, sin que medie ningún tipo de conflicto, gritan para que el Presidente cumpla su promesa electoral: “En mi gobierno la titulación de los derechos posesorios de todos los panameños será totalmente gratis y sin demoras”.

Durante los graves desórdenes del año pasado en Colón, se logró conformar una mesa de diálogo sobre el tema agrario y la regularización de tierras. Asistieron muchos funcionarios, entre los cuales estaba el director de Anati, quien prometió solucionar el delicado problema de titulación en la provincia. Sin embargo, las cosas siguen igual, los productores agropecuarios se quejan, los pescadores costeños también, los microempresarios turísticos ven pasar frente a sus narices a los grandes inversionistas con su título de propiedad bajo el brazo, mientras ellos tratan de hacer magia para conseguir las altas sumas de dinero que cuesta titular un pequeño lote en las costas, mediante el cual podrían soñar con un microproyecto turístico.

Para ponerle la cereza al pastel, ahora están apareciendo títulos de vieja data, descubiertos por tataranietos que desempolvan el viejo baúl del tatarabuelo, y... ¡eureka! muestran el documento que acredita miles de hectáreas de la época en que, según cuentan nuestros ancianos, cuatro o cinco familias se repartían el país sobre una mesa de reuniones en la capital y luego abandonaban los terrenos a su suerte, confiando en que el solo papel asentado en el Registro Público era suficiente para ser amo, señor y dueño de la finca, sin realizar actos reales de posesión.

Los abogados recomiendan, entonces, instaurar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, pero lo que no nos dicen es de dónde sacará una persona, de clase media o pobre, el dinero para sufragar ese costoso trámite, cuando a duras penas tienen dinero para desayunar.

La otra opción sería aplicar la ley de “asentamientos comunitarios por antigüedad”, que parece permitir una expropiación de la finca originaria sin mayores contratiempos, pero para ello se necesitaría que la Anati tomara acciones valientes, drásticas y definitivas, antes de que a tales comunidades no les quede otra opción que lanzarse a la calle.

Los agricultores, los ganaderos y los costeños de Colón reclaman a gritos la protección del Estado a través de la seguridad jurídica brindada por un título de propiedad sobre el terreno ocupado ancestralmente. Es, a todas luces, injusto que un proceso de regularización iniciado hace 10 años se vea ahora entorpecido por todos lados, sin que el Estado tome medidas drásticas para proteger a los pequeños productores.

El título de propiedad es una condición básica fundamental para ingresar a la rueda de la economía nacional en condiciones de igualdad con todos los demás panameños. ¿Será mucho pedir?

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