PEDIDO DE CASTIGO

Estudiantes pandilleros: Anel Beliz

La ciudadanía se encuentra aterrada y ofendida por los acontecimientos ocurridos en el Instituto Nacional, otrora uno de los centros de estudio más prestigiosos del país, que hoy ha sido tomado por un grupo de pandilleros terroristas con el propósito de causar caos y amedrentar a las autoridades, a los educadores y a los estudiantes.

Hay dos aspectos de estos actos delincuenciales que me preocupan: el tipo de crimen cometido y la preparación y premeditación de estos, con la finalidad de alterar la paz social y afectar nuestra democracia.

El hecho de que un grupo de pandilleros (disfrazados de estudiantes) cometiera estos crímenes y preparara un video para anunciar sus desmanes, exhibiendo arrogancia e irrespeto a las leyes, a la Constitución y a la sociedad, demuestra que desde hace tiempo dejaron de ser estudiantes y que ahora se mueven en el ámbito delincuencial.

Sus actos comprueban que son pandilleros con experiencia criminal, y aunque sus cédulas demuestren que, tal vez, algunos son menores de edad, ellos piensan como adultos a los que no les preocupan las consecuencias de sus malas acciones en la sociedad. En este caso, el intento de asesinar a un profesor y a dos estudiantes, lanzándoles bombas molotov, como si ello fuera un inofensivo juguete.

¿Cuántos se han presentado ante las autoridades educativas o policiales para confesar sus delitos? ¿Cuántos padres han llegado a la rectoría para entregar a sus hijos responsables de tales delitos? Todo lo ocurrido debe ser investigado por el Ministerio Público, sin contemplaciones ni mano tibia para los responsables. Cualquier persona que le lance a otra una bomba molotov es un criminal, y debe tratársele como tal, igual que se hace en los países civilizados.

Los estudiantes que presenciaron estos hechos pueden identificar a los delincuentes enmascarados y deben denunciarlos, sin temores. No solo es un deber, sino algo necesario para salvaguardar la vida de muchísimas otras personas, sean profesores, estudiantes o civiles. Y de no hacerlo se convierten en cómplices y, al ocultar información, apoyan a los delincuentes.

En Estados Unidos, que protege a la juventud más que ningún otro país, a los menores que cometen crímenes se les trata y juzga como adultos, y son susceptibles a condenas severas. Además, allá o en Europa, cualquier ciudadano que amenace al Presidente de la Nación es enjuiciado como adulto y su condena es ejemplar, sin derecho a amnistía o reducción de pena.

Tengo temor de que el Ministerio Público, por presiones políticas o de otra índole, no investigue los hechos en el Instituto Nacional, o que las autoridades educativas digan que los jóvenes ya están arrepentidos y son angelitos, como ha ocurrido antes.

No me agradó que alguien señalara que posiblemente hubo infiltrados entre los alumnos, porque con esto se establece un mal ejemplo que empeorará nuestra ya maltrecha educación y justicia.

Esos pandilleros cobardes, que se escudan detrás de máscaras, han cometido delitos que calificarían en cualquier país como “tentativa de homicidio”, por “ocasionar graves lesiones” y considerarse “terrorismo”. Todos con premeditación y alevosía, como lo certifican los videos que prepararon, antes y después de sus abominables actos, para amedentrar a la ciudadanía.

La sanción que le cabe a los seudoestudiantes –más bien pandilleros y terroristas– debe ser ejemplar. De lo contrario, en el futuro tendremos otros hechos similares que lamentaremos y afectarán a muchísimas familias, igual que ocurre con el horroroso caso que describo, cuyos efectos entre los afectados aún son impredecibles.

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