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CORRECTIVOS NECESARIOS

Falacias de la nueva ley de seguros: Carlos Antonio Harris Jiménez

Es evidente que representantes de los usuarios y terceros afectados por los siniestros no fueron consultados por quienes trabajaron el proyecto de lo que llaman una nueva ley de seguros privados en Panamá. En nuestro país nunca hemos tenido una ley que regule los contratos de seguros privados, que no son más que las mejores instituciones que se han creado dentro del sistema capitalista de economía.

Tenemos normas dispersas en diferentes códigos y otros tipo de regulaciones y lo que hoy se anuncia como una nueva Ley de Seguros se refiere, básicamente, a la regulación de la actividad aseguradora y, principalmente, a las normas que favorecen a las empresas aseguradoras frente a los asegurados.

Históricamente, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en nuestro país –supuesto ente regulador de la actividad aseguradora– ha funcionado como una institución al servicio de las aseguradoras, y no es un secreto que estas empresas influyen directamente en las decisiones de los gobiernos, al escoger los nuevos superintendentes. La nueva ley pretende seguir el mismo modelo.

Desde hace muchos años, he sugerido un control efectivo, mediante el establecimiento de un sistema de auditoría a los departamentos de reclamos de las aseguradoras, lo que no se consigue por el dominio que estas empresas tienen sobre la Superintendencia que, supuestamente, debe regular el funcionamiento de las aseguradoras.

La nueva ley pretende engañar a quienes hemos demandado un mejor control sobre las aseguradoras, con la creación de un funcionario dentro de cada empresa que se denominará “el defensor de los asegurados”, que es nombrado por la misma aseguradora para resolver las quejas de un asegurado o de los terceros afectados, pero la misma ley establece que este funcionario responderá a la gerencia de la aseguradora, que seguramente será la que pague su salario. ¿Podrá ser, entonces, imparcial? La institución de este funcionario surgió en la industria aseguradora a nivel mundial por las cláusulas abusivas de los contratos de seguros, funciona bien en países en donde esa industria se maneja con seriedad, que no es el caso en nuestro país.

Las controversias que surjan de la relación entre los asegurados, las aseguradoras y los terceros afectados deben ser resueltas en el ámbito judicial, mediante un proceso sumario creado especialmente con esta finalidad. Dejarlas en manos del ente regulador o en manos de las aseguradoras es un tremendo engaño. Tampoco debe mantenerse, como lo pretende la nueva ley, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros en un año; en la práctica, esta situación beneficia a esas empresas que, por lo demorado de nuestros procesos judiciales, se apoyan en esa prescripción para el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y, en todo caso, si se mantiene el año, igualmente debe contarse este a partir de la ejecutoria de cualquier tipo de resolución que decida el asunto, no solo en el ámbito administrativo, como lo pretende la nueva ley.

Los seguros de hospitalización y de automóviles son, sin lugar a dudas, los que por su naturaleza generan una gran cantidad de reclamos; es por ello que se debe legislar sobre un reglamento de reclamos en estas materias, reglamento que debe ser confeccionado por el ente regulador y de obligatorio su cumplimiento para aseguradoras, asegurados y terceros afectados. En la actualidad, cada aseguradora inventa sus reglas, frente a cualquier reclamo y el asegurado o tercero afectado tiene, necesariamente, que aceptarlas, aunque sean abusivas e injustas.

La ley tampoco establece con claridad el manejo de los gastos millonarios de hospitalizaciones y de atención médica en que incurren los hospitales públicos, a causa de las víctimas de accidentes de tránsito que son atendidos en esos centros, cuando los responsables son asegurados en compañías de seguros con coberturas de responsabilidad civil por lesiones y muerte a favor de terceras personas. Estos hospitales deben recuperar el dinero que gastan en la atención de las víctimas, sobre todo cuando los responsables de los hechos de tránsito tienen seguros con cobertura de responsabilidad civil. ¿Qué dicen los señores diputados al respecto?

También se registran muchos abusos por parte de las aseguradoras, con la complacencia del ente regulador en el manejo de los famosos finiquitos que hacen firmar a sus asegurados y a terceras personas afectadas por estos, porque con ellos se lesionan los derechos tanto del asegurado como del reclamante. Señores diputados, cuando se legisla con ignorancia son sus electores los que sufren...

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