EXPERIMENTO POLÍTICO

Falencias de la décima provincia: Eduardo Espino López

La creación, por ley, de la décima provincia, cuya extensión geográfica abarca Panamá Oeste (Arraiján, La Chorrera, Chame, Capira) es solo un experimento político bufo en el año preelectoral. Esta no garantiza que el Estado sea más funcional y eficiente. Desde 1972 teníamos 505 corregimientos; hoy son más de 600, pero la realidad y las estadísticas indican que la pobreza y problemas de desnutrición, falta de agua y muchísimos otros siguen igual o se profundizan. Más del 70% de los municipios y, por ende, los corregimientos, reciben fondos del gobierno central, por lo que la cacareada descentralización, en la que se han gastado buena cantidad de dinero y tiempo, no funciona.

La décima provincia, aparte de la euforia política y regionalista, es una falencia si no hay un mínimo de autonomía presupuestaria y administrativa. Los corregimientos y municipios del país son absolutamente disfuncionales; su administración es deficiente, dependen del poder político central presidencialista y básicamente sirven para crear espacios políticos de poder, salarios y viáticos a los funcionarios que componen su estructura administrativa. No resuelven un solo asunto de importancia y más bien obstaculizan obras, y cobran impuestos mermando la iniciativa privada local. Son repartidores de migajas de “miserableza” cuando hay un desastre natural.

La décima provincia no tiene cabida real en un régimen centralista, y sin autonomía o descentralización provincial. Los gobernadores no tienen funciones constitucionales. Son meros jueces de policía en segunda instancia, en el interior de la República; en Panamá sacan las balotas de la lotería. Para que la administración pública sea parte de las soluciones de la problemática local y exista un Estado funcional en lo político y financiero debe ocurrir, primero, una reforma constitucional que instaure un régimen provincial y municipal verdaderamente autónomo; y capacitar al funcionariado en derecho administrativo, finanzas y, en especial, en la ley de carrera administrativa. Estamos a años luz de siquiera aspirar a que los miembros electos o designados a estos cargos puedan hacer un esfuerzo mínimo para empezar este camino. También se requiere de un Órgano Legislativo provincial que en la Constitución de 1941 recibía el nombre de “ayuntamientos provinciales” elegidos por voto proporcional. Los representantes de corregimientos (botellas de incompetencia intelectual y administrativa, en muchos casos) deben ser eliminados, y el alcalde trabajar directamente con las juntas comunales con presidentes rotatorios.

En el caos nacional, además de las deficiencias normativas que dan margen al abuso de poder político, a la arbitrariedad y discreción en cada rincón del país, hay un trasfondo cultural y de tradiciones políticas arraigadas. El Presidente nombra a los trabajadores manuales de cada municipio. La ingobernabilidad y corrupción en el Panamá de hoy harán de la décima provincia un experimento fallido, caricaturesco de los que abundan en la historiografía nacional. Seguirán los apagones y el agua turbia en esa región.

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