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MALESTAR CIUDADANO

‘Finca por cárcel’, una vergüenza judicial: Lisímaco Jacinto López y López

Poco faltó para que, al son de las tunas de calle abajo y calle arriba, y los gritos: “Ay Juan... ay Juan... ay Juan”, montado en el anda de Santa Librada o Don Bosco, se llevara al Tío Pipo a su finca para que cumpla su detención preventiva. Concederle “finca por cárcel” muestra la parcialidad del poder en ese affair de corrupción que nos dejó el martinelato, mientras que en otro caso en el que solicitó“traslado a otra prisión para atender un problema de salud”, se negó.

La decisión de otorgar finca por cárcel traslada mis recuerdos a Colombia, en junio de 1991 (hace 24 años), cuando el narcotraficante Pablo Escobar “pactó” con el Gobierno colombiano para cumplir su sentencia en La Catedral, un complejo carcelario ubicado en las afueras de Medellín, que él mismo construyó. ¿Será que acá nuestros capos podrán poner condiciones, al estilo de Escobar Gaviria, y “pagar sus detenciones” en las “catedrales propias”?

En Panamá, el símil de la cárcel La Catedral se llama Cañazillas y queda en Veraguas. Qué cinismo concederle ese favor a quien reconoce su participación en los engranajes de la corrupción del martinelato y, como prueba, dice haber “devuelto” $5 millones de los $10 millones que recibió, de forma injustificada, por el proyecto de riego de Tonosí.

Van un poco más de cinco meses de investigaciones judiciales y auditorías de la Contraloría General de la República, y no se sabe, a ciencia cierta, a cuánto ascienden los daños patrimoniales que nos causó el martinelato.

Se habla de $45 millones en comisiones por el cobro de impuestos (Cobranzas del Istmo); el uso de $45 millones para la compra de comida deshidratada (Programa de Ayuda Nacional); $37 millones en el programa de riego de Tonosí y $14 millones para las mochilas. Esas cuatro trampas suman $141 millones y se dice que solo han “recuperado” $47 millones, $20 millones “devueltos voluntariamente” por Guardia Jaén; $21 millones devueltos por Tobín, y $5 millones por el tío en cheques de gerencia del Banco Nacional de Panamá y de la Caja de Ahorros, respectivamente, a nombre del Tesoro Nacional. Además, hay un solo banco intervenido, cuando las secciones investigativas de los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá identifican que para el movimiento de dinero se utilizaron más de 15 bancos.

Es vox pópuli que la lesión patrimonial podría sobrepasar los $4 mil millones, y que hay corridas de cuentas bancarias para ocultar los ilícitos. Pero la contabilidad no cuadra o ¿no se quiere que cuadre? Además, se reciben dineros sin explicar su procedencia y, con cinismo, hacen declaraciones demagógicas: “Se ha rescatado dinero y se invertirá en obras públicas”.

Los individuos que recibieron ilegalmente la devolución de esos millones son los mismos que en el gobierno anterior “manejaban dinero”, y a pesar de ser señalados como cómplices de toda esa trama de corrupción, no se sabe si serán separados de los cargos burocráticos, desde los que actuaban como gestores o fiscalizadores de proyectos fraudulentos. ¿Cuándo serán llamados a aclarar su posible participación? Lo único que sabemos es que el Presidente ha dicho que son sus mejores funcionarios y no los cambiará.

Si se tuercen los procesos incriminatorios y no se completan, llevando a juicio a los corruptos del martinelato, condenándolos a la cárcel y ordenando la devolución de los dineros hurtados, entonces se reta la furia popular, y las consecuencias serán impredecibles. En mi concepto, el Gobierno quebrantó sus promesas de campaña electoral: “El pueblo primero”, “auditorías forenses” y “justicia igual para todos”. Ahora piensa que con frases demagógicas puede mentir y encubrir a los allegados corruptos. ¿Cuánto tiempo más cree que podrá abusar de la confianza del electorado?

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