EXTRAÑOS MANEJOS

Fundaciones y negociados: Carlos Guevara Mann

Fundaciones y negociados: Carlos Guevara Mann Fundaciones y negociados: Carlos Guevara Mann
Fundaciones y negociados: Carlos Guevara Mann

Días atrás, el secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Camilo Enciso, reveló que varios gobiernos departamentales realizan contrataciones con “fundaciones” controladas por políticos que las utilizan “para apropiarse de recursos que después terminan pagando campañas electorales”. Según Enciso, estas fundaciones se usan muchas veces “para robar”, haciéndose, a través de ellas, un “esguince a las normas de contratación pública en el país”.

De acuerdo con el funcionario, “cerca del 20% del presupuesto de inversión de los departamentos está siendo adjudicado a través de convenios o contratos” con las que denominó“fundaciones fantasmas”. Agregó que es necesario “ponerle un freno a eso”, ya que “nadie las vigila seriamente, nadie sabe si están cumpliendo o no con unas normas mínimas de funcionamiento que aseguren que los contratos con ellas no terminen financiando campañas políticas, o que terminen simplemente en manos de personajes corruptos” (El Heraldo, 12 de julio).

Colombia –lo sabemos bien– no es el único lugar donde operan las “fundaciones fantasmas” para desviar recursos del Estado hacia fines particulares. Desde que comenzó en Panamá el relajo de las partidas circuitales, algunos diputados han utilizado las tristemente célebres “fundaciones” para canalizar dineros públicos hacia sus presupuestos de reelección o para su enriquecimiento personal.

Las “fundaciones” han servido no solo a diputados y sus cómplices, sino también a servidores públicos en otras organizaciones, así como a sus secuaces, para manejar, de manera irregular, recursos que pertenecen a la colectividad. Días atrás (30 de junio) La Prensa publicó detalles de extraños manejos a través de la Fundación Universidad de Panamá (Fudep), la cual ha recibido pagos por servicios prestados por el principal centro de estudios superiores del país, que pertenece al Estado.

El escándalo de la Fudep es un desprestigio para la Universidad de Panamá, otrora centro moral de la República bajo la rectoría de intelectuales probos como Octavio Méndez Pereira, José Dolores Moscote, Jeptha B. Duncan, Jaime de la Guardia y Carlos Iván Zúñiga. Es sumamente deplorable que los tentáculos de la corrupción hayan alcanzado, envuelto y trastornado el funcionamiento de la entidad creada 80 años atrás para constituir “un núcleo de fuerzas espirituales en franca dirección social que contribuya a formar hombres justos, comprensivos, y serenamente fuertes en las lides del pensamiento y del trabajo”, como expresó, al inaugurarla el 7 de octubre de 1935, el presidente Harmodio Arias Madrid.

Esa corrupción, que hoy descuaderna al Estado y la sociedad panameña, viene de mucho tiempo atrás y se acrecentó de forma exponencial durante la dictadura militar. Una de las debilidades del actual régimen político panameño ha sido su incapacidad para cortar de tajo ese legado de corrupción, que ha proliferado en democracia con personajes provenientes de la dictadura, a los que ahora se añaden nuevos protagonistas que han germinado y medrado en tiempos democráticos.

Van Dam, Tránsit, Equipajes Acompañados, Casinos Nacionales, Juliano, S.A., Cofina y, por supuesto, el programa colectivo de viviendas de la Caja de Seguro Social son algunos de los negociados de la dictadura, a los que en democracia se suman el Cemis, los faros y las boyas, la privatización de los juegos de suerte y azar, la concesión de autopistas y telefonía celular, y tantos otros, incluyendo el estratosférico endeudamiento público, la compra de votos en la Asamblea Nacional, la venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia, los excesos del gobierno anterior (como la multimillonaria adquisición de radares contra el narcotráfico, cuyos responsables circulan en la más soberbia de las impunidades) y las misteriosas actividades de fundaciones como la Fudep.

Ante semejante acumulación de irregularidades, la ciudadanía exige actuaciones firmes de parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras entidades, como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), cuya titular debe plantear contundentemente, como lo ha hecho su par colombiano, las ilegalidades y riesgos para el sistema democrático que proceden de la operación de “fundaciones fantasmas”.

La transparencia va más allá de promover la actualización de los portales electrónicos de los organismos públicos. Implica exigir el cumplimiento de la ley y presentar las denuncias penales correspondientes ante la evidencia de delitos.

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