VORACIDAD FISCAL

Gobierno rico, pueblo pobre: Roberto Brenes P.

“Gobierno rico, pueblo pobre”, una máxima pronunciada desde tiempos inmemoriales para expresar cómo la voracidad fiscal de los gobiernos acaba empobreciendo a la gente con medidas extremas de impuestos. Pero la máxima tiene un corolario, una vez que haya pueblo pobre, el gobierno será pobre también. Los ejemplos están por todos lados.

De allí que la exagerada revaluación de los bienes inmuebles pretende aumentarle los ingresos de forma inmediata; rico botín para un período electoral de vacas flacas. Pero el efecto económico adverso de esto tendrá repercusiones mayores en las finanzas públicas que lo que pretende recoger. Abundan argumentos sobre las múltiples violaciones jurídicas de las normas que autorizan los nuevos avalúos y sus cobros. Los ciudadanos ya conocemos el apego a la letra de la ley que tiene el gobierno y, también, la parcialidad judicial, sobre todo cuando son temas que ordena el Ejecutivo. Pero hay un principio económico, una ley no escrita, que no puede cambiar; los exagerados avalúos generalizados causarán una disminución del valor en las propiedades y, con ello, en su costo de venta.

Esa disminución afectará el precio de esos bienes no solo para el dueño, sino en garantías bancarias y en las perspectivas de crecimiento de la propia economía, todo esto revierte a menores precios de propiedades y, lógicamente, de los avalúos que hoy sostienen el aumento. Habrá, entonces, que devaluar las propiedades y, si el gobierno es serio y honrado, también lo que cobra de impuestos de inmuebles. Un ratito de abuso, para muchos años destrucción de valor económico real.

El mecanismo que lleva a este resultado funciona así: Los altos avalúos crean sobre la propiedad una obligación financiera anual que reduce los beneficios que produce este inmueble. Es como una obligación hipotecaria adicional sobre la casa. A diferencia de la hipoteca, que son pagos hacia redimir una deuda y con ello son contribuciones a capitalizar el bien, el impuesto nada crea, particularmente en este país donde los impuestos de inmuebles no revierten a la mejora de los barrios o de la infraestructura. Así, entonces, si alguien quiere comprar una casa en Obarrio que hace dos meses pagaba $300 trimestrales de inmueble y ahora pagará $1,200, lógicamente meterá este nuevo “costo” en su oferta de compra, porque sumado a la hipoteca que el comprador deber obtener –pocos somos ricos para comprar sin deuda– le da un tope natural a lo que puede valer esa casa. Y nadie, ni los más ricos pagan más por algo que tiene un valor económico menor.

Los proponentes del impuesto –presumo todos abogados– alegan que el que no puede pagar, que venda, y que habrá compradores ávidos por esos bienes. Es cierto que ante una medida así, habrá quien no pague y habrá compradores de ocasión para coger los “mangos bajitos”. Eso será temporalmente, pero el efecto de reducción de precio de propiedades se dará aun cuando sus dueños paguen sus impuestos; las casas tendrán pasivos anuales que las hacen menos atractivas. Si eso no es así, ¿por qué se exoneran las viviendas nuevas? No es para poder ofrecer un mejor precio de venta. El otro argumento “abogadil” es que el avalúo hace que los bienes valgan más. Si las cosas valieran por decreto, ¿por qué no subirlas hasta el cielo? ¿No seríamos ricos entonces? Las cosas valen por su precio económico, que lo fija la oferta y la demanda.

Lo que sí haría una avalancha de ventas, por razón del impuesto, es fijar un precio de referencia del mercado más bajo y que afectará ventas futuras. Por supuesto, que el gobierno no moverá el impuesto hacia abajo alegando la temporalidad de ese bajón. Pero no será temporal, el impuesto afecta la estructura de valor de la propiedad misma para siempre y, con ello, expropiación de valor del ciudadano.

¿Qué dicen los bancos? Ellos soportan toda la deuda de los inmuebles afectados y saben que el valor de sus colaterales se reducirá. Muchos colaterales se pueden reducir a valores por debajo de la garantía bancaria. ¿Entonces, irán los bancos a remates masivos de ciudadanos? La amenaza queda allí y con ello menos y menos valor de los inmuebles, no a corto sino a mediano y largo plazo.

Finalmente, ¿por qué no considerar una reducción importante en la tasa del impuesto? Ya de por sí es alta y una reducción pensada de la tasa preservaría el valor de los bienes y, hasta se recaudaría más. Pero, no. Pareciera que el impuesto de inmueble es, además de una forma de extracción de recursos rápido, un arma de intimidación política. Todo, al final, revierte en una contracción del valor y una corrección de precios de inmuebles, con enorme pérdida para el ciudadano. Pero, “¡qué c... –dirá el gobierno–, ya cobramos, ya lo gastamos y ya ... hasta nos reelegimos!”.

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