NIVEL INTERMEDIO

Gobiernos provinciales o comarcales: Juan Manuel Castulovich

El Gobierno panameño, así lo define el artículo 1 de la Constitución, es unitario, republicano, democrático y representativo. Según el primer párrafo del artículo 5, siguiente, nuestro territorio está dividido en provincias, distritos y corregimientos. Y, de acuerdo con el segundo párrafo, “la ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarlas a regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio público”.

Unitario es lo contrapuesto al federal, sistema de Gobierno en el que los estados y las provincias manejan con autonomía sus asuntos internos. Por tanto, unitario viene a equivaler a centralista. Las decisiones nacionales, políticas y administrativas, se toman en la capital de la república. En cuanto a las decisiones de nivel inferior al nacional, las provinciales y municipales, en Panamá existe un contrasentido: los municipios son autónomos y sus autoridades son electas por votación popular y para períodos fijos; las provincias, en cambio, no lo son y su autoridad principal, el gobernador, es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

Las “otras divisiones políticas” a las que se refiere el artículo 5, son las comarcas indígenas, nuevas provincias (existe el proyecto para crear Panamá Oeste) o nuevos corregimientos (varios recientemente). Los mapas de décadas atrás identificaban nueve provincias y la comarca de San Blas (ahora Guna Yala). Las otras comarcas creadas, o más bien reconocidas, mediante leyes especiales ahora figuran en nuestros mapas. Los muy graves enfrentamientos ocurridos en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Colón, en los que sus residentes demandaban y, con razón, siguen demandando tener voz y voto en las decisiones gubernamentales que les afectan directamente, imponen reexaminar el estatus de las provincias y las comarcas, y también la conveniencia de precisar las competencias de estas versus el Gobierno central de la nación.

Ya se ha planteado que, para darles la importancia que ahora no tienen, los gobernadores deben ser electos, por votación popular y no nombrados por el Presidente. Sin ir más lejos, esa fue una de las propuestas electorales del candidato Ricardo Martinelli. Pero, ¿de qué serviría que los gobernadores sean elegidos si no se les reconoce como verdaderas primeras autoridades provinciales y no se les dota de las condiciones y medios para administrar sus provincias? Obviamente que de muy poco.

Para que un gobernador sea tal y tenga los medios y las condiciones para gobernar en su ámbito territorial, hay que pensar, además, en definirle competencias que deben ser respetadas por el gobierno central y, principalmente, en fondos y presupuestos adecuados. En otras palabras, en crear verdaderos gobiernos provinciales y comarcales, con autonomía funcional y presupuestaria.

Soy partidario de la descentralización, pero también creo que su éxito depende de que su implementación sea gradual, de arriba hacia abajo. Hasta ahora nos hemos olvidado que existe un nivel intermedio de Gobierno que debe ser rescatado, el provincial. Y eso lo hemos hecho en abierta contravención con la Constitución que, en sus artículos 252 y siguientes, y especialmente en el 254, 255 y 256 establecen y asignan funciones a los Consejos provinciales, entre ellas, la de “preparar cada año, para la consideración del Órgano Ejecutivo, el plan de obras públicas, de inversiones y de servicios de la provincia y fiscalizar su ejecución”.

Todo el barullo que ahora existe sobre las partidas circuitales, abiertas o solapadas, y las peleas a dentelladas entre diputados, representantes de corregimientos y municipios, por cada uno servirse con la cuchara más grande, que han inundado los medios locales, de aplicarse con rigor el capítulo constitucional sobre el Régimen Provincial, se quedarían sin piso legal. Si lo analizan verán que tengo razón.

Descentralización, hasta ahora, ha sido equivalente a reparto atomizado de los recursos estatales. Si se pensara con enfoque y actitud provincial y comarcal sería diferente y el Gobierno nacional, aunque muchos centralistas trasnochados no sean capaces de verlo, ganaría en efectividad administrativa y política. Concentrar los recursos asegura mejores resultados; la dispersión y la rebatiña actual, conducen al despilfarro y, como está comprobado, son amplias avenidas para la corrupción.

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