PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL

Historias de rellenos: Carlos Gasnell Acuña

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El tema de los rellenos de fondo de mar en nuestro país, en los últimos 20 años, ha estado ligado a pugnas por intereses particulares. Hasta la fecha nadie tiene certeza sobre quién es la autoridad competente para autorizarlos ni cuál es, con claridad, el procedimiento, y menos cuál es la naturaleza resultante del terreno rellenado, a pesar de que nuestra Constitución señala que el mar territorial, sus playas y riberas pertenecen al Estado y son de uso público y que, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada.

La historia más reciente de los rellenos en Panamá la podemos contar a través de tres sentencias: El artículo 2 de la Ley 5 de 1988, que regula las concesiones de obras públicas, fue modificado por la Ley 36 de 1995 para incluir la siguiente frase: “En el caso de rellenos sobre bienes de dominio público, las áreas rellenadas constituirán bienes patrimoniales del Estado”. Esta norma permitió que se inscribieran, a título privado, construcciones realizadas sobre rellenos. Se comenta en los diarios de la época que la norma fue diseñada a pedido de algunos inversionistas en perjuicio de la colectividad.

El pleno de la Corte Suprema, reivindicando lo público, en sentencia de 30 de diciembre de 2004 declaró inconstitucional la frase subrayada, indicando en su parte final lo siguiente: “Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc”.

Dos años después, en una extensa sentencia de 11 de diciembre de 2006, luego de analizarse la demanda de inconstitucionalidad de algunas cláusulas de los contratos celebrados entre el Estado e ICA Panamá S.A., concretamente, contra aquellos párrafos que autorizaban rellenos como contraprestación a los trabajos y obras realizadas por ICA, lo que permitiría el inicio de la construcción de islas artificiales en la bahía de Panamá, el pleno de la Corte Suprema (con salvamento de voto de los magistrados Arjona, Troitiño y Benavides), poniendo los intereses privados por encima del de todos los panameños, desconoció el valor de cosa juzgada de la sentencia de 2004.

Señala la sentencia de 2006, que estamos frente a dos fallos de la Corte Suprema sobre un mismo tema, el del 25 de septiembre de 1970 (tómese en cuenta que es anterior a la Constitución de 1972), y el del 30 de diciembre de 2004, “que por su aparente contradicción resulta necesario aclarar, a lo que procede la Corte a continuación de esta forma: como consecuencia de la certeza jurídica de la existencia de la figura de la desafectación, el Estado puede, a través de un acto de administración, tales como leyes, decretos leyes, resoluciones de gabinete, como en el presente caso, a través de un contrato de concesión administrativa, autorizar la desafectación de bienes de dominio público para convertirlos en bienes patrimoniales y transferirlos en propiedad privada. Esto puede hacerlo el Estado, como en el caso en estudio, para retribuir a un concesionario como contraprestación por su inversión en la construcción de una obra pública”. Siete meses después, como estocada final, a través de una sentencia de junio de 2007, el pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional la competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas para desafectar bienes de dominio público, indicando que este no podía ser el único ente autorizado para convertir bienes de dominio público en bienes patrimoniales susceptibles de apropiación privada. En conclusión, de acuerdo a las cuestionables sentencias citadas, actualmente el Estado, por medio de diferentes entidades, puede rellenar o autorizar rellenos de fondo de mar y a través de mecanismos, tales como un contrato, un decreto o una resolución (que puede ser dictada por el Consejo de Gabinete), convertirlos en bienes patrimoniales y traspasarlos a un particular, sacrificándose el interés público en beneficio de intereses privados. Los inversionistas que se verán beneficiados con la etapa tres de la cinta costera, desde luego, que conocen esta historia.

Aterrizando en la actualidad, el terreno rellenado en Punta Paitilla, cedido gratuitamente, no pudo haber sido traspasado a un particular por tratarse de un bien de dominio público, que en todo caso, tomando en cuenta las sentencias mencionadas, debió desafectarse para convertirlo en un bien patrimonial del Estado, justificándose la necesidad de esta conversión, que tiene que realizarse en beneficio del interés público, y desde luego que este no es el caso.

Esta historia también sirve para reflexionar sobre la importancia de la independencia de la Corte Suprema, indiscutiblemente ligada a la forma en que se eligen los magistrados que la componen. Con magistrados realmente independientes podríamos contar con la garantía de que a través de sus sentencias se defenderán los intereses públicos por encima de los particulares.

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