DEBERES DE JEFES DE MISIÓN

Ignorancia inexcusable: Roberto Montañez

El preámbulo de la Convención de Viena de 1961, invoca los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas que sustentan la institución diplomática, tales como la igualdad jurídica de los Estados, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y establecimiento de relaciones de amistad y cooperación, prescindiendo de las diferencias del régimen constitucional o social que pueda existir entre los Estados.

La citada convención establece que las inmunidades y privilegios de los agentes diplomáticos no son en beneficio de la persona, sino que están instituidas con el propósito de garantizar el desempeño eficaz del representante del Estado. Estas prerrogativas establecidas sobre una base consuetudinaria constituyen elementos esenciales en el derecho y la práctica diplomática, sin cuya existencia hubiera sido imposible el desarrollo de la diplomacia, de allí la importancia de que quienes tengan este amparo excepcional hagan un uso racional del mismo.

De acuerdo a la convención y al derecho consuetudinario, el embajador o representante permanente, es el jefe de misión, quien representa al jefe de Estado y actúa como representante del Estado, tal como se consigna en sus cartas credenciales. El carácter representativo implica que son enviados del jefe de Estado, por lo que cualquier manifestación a título personal compromete la dignidad del país en el lugar donde se encuentre acreditado.

En esa línea de razonamiento, los jefes de misión tienen que cumplir ordenadamente las indicaciones del Presidente y ministro de Relaciones Exteriores para defender los intereses nacionales, con un profundo conocimiento de las raíces históricas y culturales, como de la realidad política del país o del organismo internacional donde se encuentren acreditados. Sin olvidar, que su misión primordial es el fortalecimiento armonioso de las relaciones bilaterales o multilaterales, así como velar por el prestigio y dignidad del país, de su Gobierno, absteniéndose de intervenir en los asuntos internos del Estado o del organismo donde se encuentren acreditados.

Sobre el particular, la Ley Orgánica de 28 de julio de 1999, destaca que los jefes de Misión, sin perjuicio de sus inmunidades y privilegios deben respetar leyes y reglamentos del Estado o el organismo donde presten sus servicios. Incluso como servidores públicos del servicio exterior deben guardar obligada y absoluta discreción sobre las actividades confidenciales o secretas inherentes al cargo que se les haya confiado. Este compromiso se mantiene hasta cinco años después de haber abandonado el servicio y la violación del deber de reserva o confidencialidad a parte de sanciones administrativas de destitución conlleva responsabilidad penal.

Del mismo modo, le está prohibido extralimitarse en el ejercicio de sus funciones o deberes encomendados; así como tomarse atribuciones que no le corresponden. Como todo funcionario debe proceder conforme a la ética en cumplimiento de las responsabilidades inherentes a su cargo, por tanto debe abstenerse de emitir juicios en calidad personal sobre temas relacionados con su trabajo, o sobre política internacional o asuntos internos del Estado receptor o del organismo internacional donde se encuentra acreditado, que puedan comprometer a su país.

No es frecuente que se declare persona non grata a agentes diplomáticos que sirven en organismos internacionales. Sin embargo, nada impide que pueda aplicarse los mismos motivos que se invocan a nivel bilateral, tales como la intromisión en los asuntos internos de los Estados representados en el organismo, así como la falta de probidad, conducta escandalosa y abuso de los privilegios e inmunidades.

El lamentable incidente en la Organización de Estados Americanos debe llevarnos a reflexionar en que existiendo una Ley Orgánica y un Decreto Ejecutivo que reglamenta las funciones del servicio exterior panameño, así como las demás convenciones internacionales que consignan la reciprocidad que rige el comportamiento diplomático y consular, no se justifica el desconocimiento de las normas. Precisamente, porque los embajadores una vez reciben el beneplácito del país de destino y después de tomar posesión en el cargo, están obligados, por ley, a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional a explicar sus planes de trabajo.

Incluso, reciben un curso de inducción en la Academia Diplomática y anualmente participan en jornadas de actualización, por lo que resulta una ignorancia inexcusable que un representante permanente no solo cometa el error de desconocer la institucionalidad del organismo internacional en el que representa a su país, sino que justifique su mal proceder.

Como diría el nobel español Santiago Ramón y Cajal: “Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.

La diplomacia es una profesión pública en la que se debe ser prudente, respetuoso, ecuánime, mesurado, discreto, comedido, paciente, tolerante y veraz en los juicios. Un jefe de misión que actúe por cuenta propia y que desobedezca instrucciones, ignorando normas de la reciprocidad como la intromisión en los asuntos internos de otros Estados, difícilmente podrá representar bien a su país.

Aunque no puede generalizarse sobre las designaciones políticas, se debe privilegiar la progresiva profesionalización del servicio exterior con diplomáticos de carrera preparados para darle prestancia a la imagen y prestigio internacional del país.

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