POLÍTICA

Ilegalidad de la resolución 178 del PRD: Antonio Saldaña

El candidato presidencial del PRD ha sacrificado, en virtud de sus ambiciones personales, un aspecto fundamental de la doctrina torrijista, esto es, la democracia interna de la cual se ufanaba toda su membresía, al ser este colectivo político el pionero del ejercicio electoral de las primarias partidarias.

En efecto, luego de enfrentar un rechazo generalizado de las bases del partido motivado por el contenido de la Resolución No. 178 de 22 de enero de 2013 emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de que un medio de la localidad consignara en una pasada publicación (La Prensa 1/2/2013) que “el Comité Ejecutivo (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) echó para atrás y decidió que la designación de los suplentes a diputados y alcaldes se hará en consulta con los candidatos principales elegidos en las primarias que se realizarán el 2 de junio de 2013”, lo que a juicio de los encumbrados dirigentes constituía una rectificación.

Hoy se ha podido constatar que las anteriores declaraciones solo fueron una “cortina de humo” del momento para ocultar los aviesos propósitos del ungido de la oposición con cariño, quien se reservó alrededor de 100 puestos de elección popular –los que no fueron sometidos al proceso eleccionario en las recientes primarias– para ser distribuidos “de a dedo” en el marco de una alianza etérea con la sociedad civil que traducido en la práctica será entre sus allegados y amigos personales.

De modo que la actuación de la cúpula del otrora partido de Omar no solo constituye plena ilegalidad, sino también una perfecta chambonada política, primero, porque de conformidad con el fundamento de derecho esgrimido para emitir la resolución de marras, esto es, el literal S del artículo 30 de los estatutos, se desprende que dicha atribución del CEN se encuentra precondicionada a una previa decisión del Directorio Nacional.

Así tenemos que el artículo 23, literal H, de los estatutos de dicho colectivo político indica de forma categórica que “Son atribuciones del Directorio Nacional: h) Decidir sobre las alianzas electorales” y por el otro lado, el literal S del artículo 30 señala que “son atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional Convocar las distintas elecciones para elegir a las autoridades del partido y a sus candidatos a cargos de elección popular estableciendo si fuera el caso, aquellas excepciones que por razón de las alianzas no deben celebrarse”.

De modo que podemos rematar diciendo que lo actuado por el CEN del PRD solo se podría considerar legítimo si dicho comportamiento estuviera enmarcado en el sentido de lo ordenado por el literal H del artículo 23 en concordancia con el literal S de la normativa 30, es decir, si previamente el Directorio Nacional hubiese aprobado la concertación de una alianza electoral.

En conclusión, si el Directorio Nacional del PRD no acordó previamente una alianza electoral, cualquiera que fuera el número de las candidaturas y de las circunscripciones no sometidas al ejercicio democrático de las elecciones primarias, dicho acto constituye una conducta ilegal y un desatino político a la luz de lo establecido por la norma estatutaria aludida. ¡Así de sencilla es la cosa!

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