REGLAMENTACIÓN

Inalienables derechos de los peatones: Roberto Montañez

Durante los últimos años, la ciudad de Panamá se ha visto transformada en su desarrollo urbano, dando prioridad al automóvil sobre los peatones. Con esto se olvida que caminar es una forma básica de desplazamiento y que no debe haber mayor dificultad para hacerlo. Caminar sin mayores riesgos de accidentes, implica que los peatones dispongan de aceras en buen estado, sin obstáculos que impidan su desplazamiento, disfrutando de espacios públicos exclusivos que le permitan seguridad y libre circulación.

Los planificadores han privilegiado la construcción de viaductos, pasos a desnivel y ampliación de avenidas que son necesarias para agilizar la circulación vehicular, pero han dejado en un segundo plano el diseño y construcción de aceras para incentivar a la gente a que camine por razones de salud; incluso no se ha previsto la construcción de ciclo vías. En el diseño y construcción de aceras están involucradas cuatro instituciones: el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), los municipios y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). El Acuerdo Municipal 116, de 9 de julio de 1996, establece que los constructores, propietarios o promotores de obras están obligados a construir las aceras, a fin de garantizar el desplazamiento peatonal. La reposición de aceras corresponde al MOP y no deben tener obstáculos tales como tinaqueras, letreros, bancas, postes eléctricos u obstáculos salientes de edificios que impidan el libre tránsito de los peatones.

El Decreto Ejecutivo 640 de 27 de diciembre de 2006 que aprueba el Reglamento de Tránsito es aplicable también a los peatones, ya sean menores, estudiantes, ancianos, enfermos y embarazadas. El aludido decreto establece que “es prohibido el estacionamiento de vehículos sobre las aceras, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación”. Algunas aceras son construidas con fondos públicos de las juntas comunales y parece una incongruencia que el municipio autorice su uso a particulares y a empresas, violando derechos de los transeúntes.

Los peatones están obligados a obedecer las disposiciones reglamentarias, observando las señales de tránsito, y su imprudencia los hace responsables de cualquier daño o perjuicio que causen. Incluso se exponen a sanciones cuando crucen una vía sin utilizar las líneas de seguridad, semáforos peatonales o pasos elevados peatonales existentes, al estar en estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes; así como impedir la circulación y si son sorprendidos, pueden ser conducidos ante la autoridad del área jurisdiccional. Irónicamente, nuestra legislación tiene más deberes que derechos para los peatones, porque en ninguna de las 69 causales descritas en el Art. 241 se refieren a quienes obstruyan las aceras con vehículos y demás obstáculos.

Ante la creciente vulnerabilidad de los peatones, la sociedad necesita que las autoridades detengan la obstrucción de aceras con chatarras por parte de talleres de chapistería, de mecánica, de los rastros, las constructoras y las empresas de reciclaje. Incluso, se muestran indiferentes ante la invasión con anaqueles de mercancías, buhonerías, fondas móviles o puertas de estacionamientos particulares. Un ejemplo patético lo vemos en la cinta costera, una obra emblemática de la ciudad que carece de pasos peatonales en dirección al centro, por la antigua Avenida Balboa, pese a que hay hospitales, parques y demás instalaciones estatales a lo largo de esta.

El Estado debe prestar atención al creciente desmejoramiento de la calidad de vida que sufren los peatones, que tienen derecho a ser considerados dentro de la planificación urbana, como prioridad, en el diseño de calles y avenidas, incluyendo normas sobre niveles tolerados de contaminación del aire y la afectación por el ruido que generan los vehículos motorizados. Es imperativo que la ATTT y los municipios cesen su indiferencia y promuevan campañas de sensibilización para educar a peatones y automovilistas sobre sus deberes, con la protección de transeúntes que están a merced de los conductores inescrupulosos.

Los peatones no tendrían problemas, si las instituciones involucradas cumplieran con sus deberes. La ATTT debe aplicar la ley, despejando las aceras de chatarras y autos en reparación; las juntas comunales deben desalojar las fondas y buhoneros que obstruyen las aceras, curiosamente construidas con dinero público para uso comunal; la Defensoría del Pueblo no debe mantenerse indiferente ante la flagrante violación de los inalienables derechos al tránsito que seguro reclaman, con urgencia, los peatones.

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