POLÍTICAS PÚBLICAS

Incapacidad estatal, inseguridad alimentaria: Carlos Guevara Mann

Incapacidad estatal, inseguridad alimentaria: Carlos Guevara Mann Incapacidad estatal, inseguridad alimentaria: Carlos Guevara Mann
Incapacidad estatal, inseguridad alimentaria: Carlos Guevara Mann

La capacidad del Estado es un tema cada vez más estudiado. En un artículo reciente, los autores Mainwaring y Pérez Liñán asocian niveles superiores de capacidad estatal a una mayor calidad de la democracia y, en consecuencia, a un mayor bienestar para la población (Journal of Democracy, enero de 2015).

La capacidad estatal se refiere a las posibilidades de aplicar la ley y proveer servicios de manera autónoma y eficiente. La seguridad es el principal servicio que debe proveer el Estado. La seguridad se entiende tradicionalmente como ausencia de incursiones militares foráneas al territorio nacional.

En décadas recientes surgió la noción de “seguridad humana”, enfocada en la protección del individuo contra el miedo y las privaciones. Según la Organización de las Naciones Unidas, la seguridad humana abarca siete dimensiones: económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política.

En términos de su efectividad para proveer seguridad humana, el Estado panameño es bastante incapaz. La razón principal es que ha sido capturado por un grupo de políticos corruptos y técnicos semianalfabetos, ignorantes de los elementos fundamentales de la democracia y el gobierno republicano, y desconectados de las aspiraciones ciudadanas y las necesidades populares.

El resultado es bastante malo para las condiciones de vida y la calidad de la democracia, como lo ilustra un caso vergonzoso cubierto en este diario. A dos semanas de concluir el primer trimestre del año lectivo, el Ministerio de Educación no ha entregado a los planteles oficiales una sola gota de leche del programa de Merienda Escolar (La Prensa, 16 de mayo).

Dicho programa se instituyó para proporcionar una galleta nutricional y un vaso de leche o un plato de crema diariamente a todos los estudiantes de primaria de los planteles oficiales (La Estrella de Panamá, 24 de diciembre de 2014). El objetivo es brindar a los niños un alimento completo que les otorgue una medida importante de las calorías, vitaminas y minerales que requieren para su normal desenvolvimiento, atraerlos a la escuela y contribuir a su aprendizaje.

Se trata de un programa nutricional clásico en aras de la seguridad alimentaria de un grupo etario (no “etáreo” ni “etéreo”) vulnerable, que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger.

Según la ministra de Educación, la demora en la entrega de la leche se debe a que la licitación para su adquisición no ha podido culminarse “porque ha sido muy peleada entre las empresas participantes”. De acuerdo con el portal Panamá Compra, la razón es otra: el propio pliego de condiciones para la licitación, precisamente elaborado por el Ministerio de Educación, contraviene la ley de contrataciones públicas, por lo que la comisión evaluadora sugirió anular el acto (La Prensa, 16 de mayo).

Mientras, los estudiantes llevan 80 días desde el inicio de las clases sin consumir el producto lácteo fortificado que muchos de ellos no obtienen en sus hogares. Semejante muestra de incapacidad estatal merece una sanción ejemplar, por cuanto afecta directamente el bienestar de casi medio millón de niños panameños.

Por la ineptitud del Ministerio de Educación, el derecho a la alimentación –un derecho humano fundamental, reconocido en la Declaración Universal de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y otros instrumentos internacionales suscritos por Panamá– está siendo vulnerado en nuestro país. El recién estrenado defensor del pueblo no debe seguir postergando su enérgico pronunciamiento al respecto de este atentado contra la seguridad humana.

En una república mínimamente organizada, corresponde al congreso o asamblea nacional fiscalizar el funcionamiento del sector público a fin de asegurar y aumentar la capacidad del Estado para proveer los servicios básicos. Cuando alguna dependencia estatal incumple esta obligación, la cámara representativa debe intervenir inmediatamente para exigir rectificaciones.

Aunque el pleno está en receso, hay en la Asamblea Nacional comisiones de Educación, Cultura y Deportes (presidida por Melitón Arrocha, panameñista); Trabajo, Salud y Desarrollo Social (encabezada por José Castillo, panameñista); Asuntos Indígenas (dirigida por Absalón Herrera, CD); y de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia (liderada por Marylín Vallarino, CD), las cuales deberían estar funcionando.

¿Cuántos niños desnutridos necesitarán ver los diputados antes de decidirse a actuar?

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