ACUERDO TRIBUTARIO Y FISCAL

Incongruencias negociadoras: Fernando Gómez Arbeláez

Incongruencias negociadoras: Fernando Gómez Arbeláez Incongruencias negociadoras: Fernando Gómez Arbeláez
Incongruencias negociadoras: Fernando Gómez Arbeláez

Voceros de nuestro gobierno han reiterado públicamente su intención de que Panamá firme este año un acuerdo tributario y fiscal con Colombia. El 21 de octubre del año pasado, sin considerar medidas legales de retorsión –como ahora con tibieza se argumenta en contra de Estados de la Unión Europea– Panamá cedió en el campo diplomático ante las presiones de autoridades colombianas que, poco antes, la habían colocado en su lista de países llamados “paraísos fiscales”. Sin mayor consulta, un apresurado “Memorando de Entendimiento” de rígidas condiciones fue firmado con la canciller colombiana. A cambio de ese documento, Colombia nos retiró de forma temporal de su arbitraria y discriminatoria lista.

El propósito del inusual memorando es acordar “un convenio para evitar la doble tributación que incluiría cláusulas de intercambio de información financiera”, a ser gestionado del lado panameño por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Las mal redactadas disposiciones del memorando, sin embargo, son excepcionalmente onerosas para Panamá:

1. “Los signatarios se comprometen a concluir la negociación del mencionado acuerdo y a proceder a su suscripción para el 30 de septiembre de 2015”. Panamá no solo se “compromete” a negociar, sino a concluir la negociación de un acuerdo que se suponía no deseaba pactar y, además, se compromete a “suscribir” tal acuerdo en un plazo determinado, implicando que de todas maneras tenemos que llegar a ese acuerdo con Colombia.

El memorando establece tales “compromisos” para Panamá ignorando que el ordenamiento constitucional panameño únicamente acepta como acuerdos internacionales a aquellos que sean aprobados por la Asamblea Nacional. El documento nunca ha sido presentado a la consideración de dicho Órgano Legislativo.

2. “Las negociaciones que se adelanten para alcanzar un acuerdo en los términos del presente memorando serán mantenidas de forma confidencial hasta que el acuerdo sea concluido en forma final”. Este anacrónico tipo de “diplomacia secreta”, en la que la ciudadanía es mantenida a oscuras sobre los contenidos del proceso negociador, es intolerable en una democracia. Todo ciudadano tiene el derecho a ser informado sobre la negociación de cualquier acuerdo internacional antes de que sea suscrito.

3. “Cooperación en materia de temas relacionados a estándares internacionales desarrollados o monitoreados por distintos organismos internacionales (OECD, GAFISUD, IOSCO, FATF, etc.)”. No obstante lo así dispuesto, ninguno de esos organismos “desarrolla” o puede “monitorear” un “estándar internacional”. Ninguno tiene la capacidad de crear, por sí mismo, normas de derecho internacional.

4. “Se tendrá como objetivo analizar, negociar y concretar un acuerdo para evitar la doble tributación... atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados, como evitar la doble no tributación”. Lo erróneo del final de esta cláusula es evidente.

5. “El acuerdo incluirá normas que regulen el intercambio de información a requerimiento, de acuerdo con el estándar internacional consagrado en el artículo 26 del modelo de convenio de doble imposición de la OCDE (Versión 2010) …”. El artículo 26 no “consagra” ningún “estándar internacional”, ni tampoco constituye una norma de derecho internacional. Este artículo es apenas una disposición propuesta por los 34 países que conforman la OCDE. La Organización de Naciones Unidas, por su parte, está compuesta por 193 países.

Al parecer, los defectos observados en el memorando no fueron suficientes para desarrollar una controversial negociación. Luego de su firma por la canciller en octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas –que no es la institución negociadora por parte de Panamá– contrató de manera directa los servicios de consultoría de una sociedad panameña constituida hacía algo más de un año, Deloitte Consultores, S.A. –no confundir con otras sociedades de nombre similar– por más de 80 mil dólares, para analizar el impacto de la firma o no del acuerdo que se ha estado negociando con Colombia.

Semejante contratación, una de esas comúnmente llamadas “de a dedo” sin licitación ni publicidad, sobre datos y materias que de hecho son del pleno conocimiento y manejo del MEF, MICI y la Contraloría General de la República, es inexplicable.

Además, resulta absurdo que se pretendan hacer costosos estudios en relación a un acuerdo que el Ministerio de Relaciones Exteriores para entonces ya se había comprometido a negociar y concluir por medio del memorando, sustentado, como debe suponerse, con toda la información comercial, diplomática y estadística necesaria.

La ciudadanía permanece a oscuras sobre las negociaciones realizadas con Colombia. ¿Es este el modo nada transparente en que se negocian y concluyen nuestros acuerdos internacionales?

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