FALLO DE LA HAYA

Inconsistencias de la denuncia al Pacto de Bogotá: Roberto Montañez

Colombia tiene la tradición de un Estado respetuoso de las instituciones interamericanas; así se desprende de los aportes jurídicos de internacionalistas de la talla de Jesús María Yepes, José Francisco Urrutia, Diego Uribe Vargas, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rafael Nieto Navia, César Moyano, Enrique Gaviria Liévano, Luis Fernando Álvarez Londoño y Germán Cavelier, quienes han puesto en alto el prestigio de este país en el desarrollo del derecho internacional latinoamericano.

Sin embargo, cuando se pensaba que la vieja disputa por la soberanía del Archipiélago San Andrés había llegado a su final con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que concede a Nicaragua el acceso a 75 mil kilómetros cuadrados de Mar Caribe, mientras reafirma la soberanía colombiana sobre el archipiélago con el derecho a 12 millas náuticas de territorio en ambos países, surgen inconformidades del presidente Juan Manuel Santos y de la Cámara de Representantes, quienes se niegan a reconocer que el meridiano 82 nunca fue establecido como una frontera marítima, ni en el Tratado de 1928.

Con la denuncia del Pacto de Bogotá de 1948, el Gobierno colombiano pretende sustraerse tardíamente de la jurisdicción obligatoria de la Corte de La Haya, cuya competencia había aceptado al igual que Nicaragua. La denuncia desconoce la estructura fundamental de la Organización de Estados Americanos (OEA), y es calificada una maniobra sin efectos retroactivos porque el fallo es inapelable. Si bien es cierto que de los 34 países que integran la OEA solo 14 hacen parte del Tratado para la Solución Pacífica de Controversias, cuando Colombia ratifica el pacto con sus cláusulas compromisorias, delegó parte de su soberanía, y por tanto estaba sometido a sus decisiones con las cargas que de ella se derivan.

Resulta improcedente cambiar las reglas del juego después de que el mismo ha terminado, porque se sienta un precedente anárquico en las relaciones interamericanas. Aludir ahora que las delimitaciones territoriales y marítimas deben ser fijadas por medio de tratados bilaterales y no por sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia es una aberración que pone en entredicho la seguridad jurídica internacional.

Además revela la falta de consistencia jurídica, porque en el escenario que un fallo internacional favorezca a Colombia, el Estado obligado podría también decidir no acatarlo, invocando el mismo precedente. Al renunciar a la cláusula de compromiso, Colombia queda sin posibilidad de acudir en el futuro a una instancia judicial en el ámbito mundial afectando su prestigio y credibilidad sobre todo cuando existen litigios pendientes con Venezuela y Ecuador.

La inconsistencia de la denuncia más allá de blindar a Colombia de futuras demandas no tiene efectos jurídicos sobre la delimitación marítima con Nicaragua, pues se trata de un acto de protesta para consumo interno en un intento de contención del daño político. Por controversial que parezcan, los pronunciamientos judiciales del derecho internacional, no siempre son plenamente satisfactorios a las pretensiones de las partes.

Panamá en el tema de arbitraje tuvo una experiencia amarga en su delimitación con Costa Rica, una decisión donde se perdieron tierras muy productivas en el área fronteriza. Sin embargo, inspirados en la geopolítica de luces largas acordó tratados inspirados en la buena vecindad con Colombia y Costa Rica para compartir privilegios de tránsito por el Canal garantizando su seguridad funcional.

Nicaragua ha declarado que reconocerá las actividades pesqueras de los pobladores de San Andrés, lo que cual es un punto de partida para futuros acuerdos diplomáticos entre países obligados históricamente a entenderse.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia está inspirada en la doctrina jurídica que sustentó las sentencias en los diferendos entre Qatar y Bahréin en el año 2001, Nigeria y Camerún en 2002, y Rumania y Ucrania en 2009, y aunque pueda ser cuestionada políticamente por algunos colombianos, desde el punto de vista jurídico es una decisión sabia y equilibrada que encausa una salida pacífica a un conflicto entre pueblos hermanos.

Ahora corresponde dar un espacio a la diplomacia bilateral para que haga su trabajo, ante la disyuntiva histórica de que ambos países puedan beneficiarse recíproca y armoniosamente, en la sostenible explotación de los recursos de esta zona bajo los principios de convivencia pacífica y buena vecindad.

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