MOTIVACIONES REALES

¿Indemnización para los servidores públicos sin sistema de mérito?: Carlos Gasnell Acuña

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El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete para otorgar algunos beneficios a aquellos servidores públicos que sean despedidos de forma injustificada, que posiblemente será discutido en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, se ha vendido ante la opinión pública como una justa reivindicación por los despidos de los que son permanentemente objeto los funcionarios por motivaciones políticas. Se ha dicho que es justo que reciban una indemnización y sean tratados como colaboradores del sector privado.

Todo lo anterior suena muy bien en papel, pero realmente no es más que una justificación para hacer política en el año preelectoral y captar el voto de los miles de servidores públicos que no pertenecen a la carrera administrativa (por cierto, no hay estadística disponible en la página web de la Dirección de Carrera Administrativa) y que son de libre nombramiento y remoción por parte de la entidad que los nombra, porque simplemente a ningún gobierno le ha preocupado cumplir con las leyes.

Nuestra Constitución en su artículo 300 señala: “Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución. Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio”.

En cumplir con este artículo es en lo que debería estar el Gobierno, y no buscando un mecanismo enrevesado de captar los votos de miles de servidores públicos (muchos de los cuales han recibido presiones directas e indirectas para inscribirse en alguno de los partidos en el poder), que lo que quieren es estabilidad real y no un falso blindaje.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia lo ha repetido mil veces: Los funcionarios que no hayan sido designados por concurso, son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Desde 1994 se empezaron a designar a través del procedimiento especial (sin concurso) que, por la desidia de todos los gobiernos, se convirtió en el procedimiento general de acceso a la función pública, y ahora, el actual gobierno, con este nuevo proyecto de ley, lo que pretende es institucionalizar la violación del texto de la Constitución.

Si un servidor público no fue designado de acuerdo a un sistema de mérito, como lo ordena la Constitución, sino por su afiliación política, amiguismo o compadrazgo, ¿por qué va a tener las garantías que otorga el Código de Trabajo a quien asistió a varias entrevistas, pasó un examen, atravesó diferentes pruebas, es constantemente evaluado para medir su desempeño, y tiene que cumplir con sus tareas o de lo contrario es despedido?

La solución al problema de fondo no se resuelve con las medidas contenidas en este proyecto de ley. El problema no son los despidos, sino las designaciones basadas estrictamente en el poder político y, lamentablemente, no veo voluntad en empezar a realizar los concursos de mérito que permitirían a todos los ciudadanos optar por un puesto público pagado con el dinero de todos los panameños. Fungir como servidor público debería ser un derecho ciudadano acompañado de la posibilidad, sobre la base del principio de igualdad de oportunidades, para optar por el cargo. Este es el espíritu de la Constitución y de las convenciones internacionales que regulan esta materia, que han sido ignoradas por todos los Gobiernos, aunque por unos más que por otros, como el actual, mucho más preocupado de cumplir con su manual de campaña política.

De existir estos concursos, no solamente tendríamos mejores funcionarios, sino que a partir de allí podríamos empezar a hablar de indemnizaciones y otros derechos, sin embargo, aprobar esta norma ahora, a un año de las elecciones, cuando ya se han despedido a miles de funcionarios públicos por su afiliación política, y se ha presionado a muchos otros para que se inscriban en los partidos en el poder, es una burla y un débil blindaje que se criticó de otros gobiernos que utilizaron mecanismos similares para buscar darle más estabilidad o tranquilidad a los servidores públicos, los cuales solamente tendrán tranquilidad cuando los partidos políticos se eleven sobre sus intereses y entiendan la importancia de contar con un cuerpo de funcionarios que respondan a la administración pública y no al gobierno de turno.

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