REVOCATORIA

Indultos inconstitucionales: Carlos M. Herrera Morán

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Nada envenena y destruye más el alma de una nación democrática que el comportamiento de un gobernante contrario al ordenamiento jurídico, quien incurre en el dictado de actos administrativos sin contar con las atribuciones constitucionales para hacerlo. Es como una serpiente hundiendo sus colmillos y su tóxico en la garganta de todo un pueblo victimizado.

El expresidente, antes de salir del Palacio de las Garzas, le colocó la cereza al pastel de cincos años de gobierno autoritario y desgreño institucional, cuando al amparo de la nocturnidad del 30 de junio dictó decretos ejecutivos para indultar a 355 personas. Acción esta que enrarece el aire del estado de derecho que debiera predominar en el país. Esos decretos, en su parte motiva, dicen basarse en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución. Esa premisa “jurídica” carece de veracidad. Todo lo contrario, fueron expedidos violando el ordenamiento constitucional. La carta magna establece que el Presidente de la República, con el ministro respectivo, tiene facultad para “decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”.

El Código Penal, en su artículo 116 es diáfano en señalar que el indulto extingue la pena y solo se aplica a los delitos políticos. En consecuencia, únicamente es viable la aplicación en los casos en que haya una condena en firme, producto de una sentencia ejecutoriada, y que se trate de un delito político. En el caso de los indultos in examine los beneficiarios están sindicados por graves delitos comunes, v. gr. homicidios, estafas, lesiones personales, narcotráfico, extorsión, corrupción de servidores públicos, secuestro, entre otros. Y tienen en común que en sus respectivos procesos penales aún no se han dictado sentencias en firme y, en no pocos casos, tampoco han ido a audiencias. Al último exgobernante le cabe el esperpéntico mérito en la jurisprudencia de haber inventado el indulto preventivo, es decir, para algunos personeros de su gobierno a los que todavía no se les ha iniciado proceso penal. Entre los indultados figuran los policías imputados por la masacre del Centro de Cumplimiento de Tocumen, los policías que dispararon y le quitaron la vida a dos niños en San Carlos, los secuestradores de la madre de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y muchos más. Esto indica, sin duda, que el entonces presidente profirió esos decretos ejecutivos sin tener facultades constitucionales para hacerlo. Es decir, incurriendo, con dolo, en la extralimitación de sus funciones públicas, lo que constituye un delito.

La institución del indulto, como una medida de gracia que el poder otorga a los condenados con sentencia firme, perdonándole toda la pena que se le hubiera impuesto o parte de ella, ha sido desnaturalizada, convertida (como dijo un profesor universitario) en un insulto a la inteligencia del pueblo. La CSJ, en un fallo que declaró inconstitucionales los indultos dictados por otro expresidente, señaló: “El precepto superior no deja dudas en cuanto a la figura del indulto está condicionada, exclusivamente, para aquellos delitos de naturaleza y contenido político, y no debe existir confusión al interpretar que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Presidencia de la República y el Ministerio del ramo respectivo, están facultados constitucionalmente para otorgar gracia o beneficio o los condenados por delitos comunes, pero solo bajo la fórmula de rebajarle las sanciones punitivas impuestas en un proceso penal o favorecerlos con una libertad condicional, que estará sujeta al cumplimiento de las formalidades o condiciones que la ley prevé”.

La exministra que estampó su firma en esos nefastos decretos dijo que no sabía que indultaba a policías procesados por homicidios. Cada hora que pasa sin que se revoquen los decretos representa 60 minutos de ignominia para el país, y la memoria de las víctimas de los actos abusivos y violatorios de los derechos humanos. El jefe del Ejecutivo, quien prometió tener al pueblo primero, cuenta con la jurisprudencia, antecedentes históricos y la ley para defenestrarlos, mediante una revocatoria de oficio. Reitero, hay claras sentencias constitucionales de la CSJ que señalan que ese “perdón” solo se aplica a denuncias políticas en que haya sentencia firme condenatoria. Además, la administración de la presidenta Mireya Moscoso revocó los indultos proferidos por su antecesor. Como corolario, se tiene que la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo, contempla la figura de la revocatoria del acto administrativo de gobierno para anular actos que incurren en infracción del ordenamiento jurídico. Los indultos son revocables por haber sido proferidos con dolo del funcionario que los emitió, aplicados sin competencia y en clara desviación de poder. Señor Presidente, devuelva el sosiego a la perturbada patria, y que la justicia alcance al que tras firmar estos adefesios jurídicos, salió raudo a refugiarse en lo que él mismo calificó como una “cueva de ladrones”.

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