POLÍTICAS PÚBLICAS

Inseguridad ciudadana: Dorindo Jayan Cortez

En un Estado convulsionado, de crisis por doquier, de sobresaltos y confrontaciones, es casi seguro que las políticas públicas se verán afectadas por el vaivén de estos malestares. La consecuencia inmediata es la imposibilidad de administrar la “cosa pública” dentro de un marco de coherencia y efectividad para producir resultados que beneficien a las colectividades humanas.

¿Cuánto tiempo y recursos se desperdician al imponer un modelo de gestión cuyo interés coloca por delante los conflictos políticos, en desmedro de una acertada planificación que genere, entre los asociados, satisfacción, tranquilidad social, seguridad? Esto no ocurre en Panamá. Por el contrario, la inseguridad y la delincuencia son percibidas –según constata una reciente encuesta de Ipsos– como el segundo de los problemas de los panameños, con un 66%; le precede la canasta básica, con un 72%.

La violencia en las calles genera un miedo generalizado. Nada en este tétrico panorama es ajeno al desgobierno, a la distracción politiquera, a la indiferencia que, como tales, conspiran contra los fines de un Estado que debe estar al servicio de la población y no, como es en la realidad, al servicio de las élites en el poder. Tampoco se desconoce el trabajo ni el peligro al que están sometidos los agentes policiales; igualmente es cierto que sí hay “algo” de planificación institucional para enfrentar el delito; ese esfuerzo, sin embargo, resulta disfuncional ante la falta de una visión de gobierno que pondere una política de Estado para enfrentar el flagelo de la violencia desde una estrategia global que dé la suficiente cobertura a la seguridad ciudadana.

Panamá es parte de América Central, donde la violencia se marca como número uno a escala mundial. Con una tasa de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes, representa tres veces la tasa mundial y siete puntos más que el promedio de América Latina. Mientras esto ocurre, el gobierno del cambio, promotor principal del desbarajuste de las políticas institucionales, es indiferente a ese flagelo que imprime violencia y que, además, tiene síntomas –en algunos casos ya visibles, que pueden afectar los cimientos de la misma democracia. Téngase presente que las “narco-actuaciones” requieren de las estructuras del poder del Estado para moverse en la impunidad.

La región afronta un elevado costo financiero para sostener el combate contra el narcotráfico, que incluye su relación con la estrategia militar de Estados Unidos. Entre 2006 y 2010, el incremento en el gasto de seguridad y justicia en el istmo centroamericano se elevó en un 60%, alcanzando en ese último año $3 mil 975 millones. En Panamá, solo para ese año (2010), fue de $764 millones; respecto al presupuesto del Ministerio de Seguridad, para 2011, fue de $490.4 millones, aumentando para 2012 a $548.4 millones, sin incluir aquí los $300 millones para la compra de radares, entre otros equipos (La Prensa, 21/5/2012).

La asignación de cuantiosos recursos, con resultados dudosos, limita severamente el financiamiento de programas sociales. Por ello, urge que el tema de la seguridad/inseguridad se considere en el marco de una política permanente, coherente y alejada del ocasionalismo politiquero que tanto daño le hace a la gobernabilidad.

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