TIERRAS DE JUAN HOMBRÓN

Institucionalidad en entredicho: Julio E. Linares Franco

Hemos leído en los medios de comunicación que la sociedad Trapp Real State Corp., una de las adquirentes de las tierras de Juan Hombrón, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos del Decreto Ejecutivo No. 425 de 12 de julio de 2012.

Asumimos que el conflicto se centra en que las tierras de esta compañía fueron expropiadas por el Estado, pero sin indemnizar a sus propietarios, lo que viola flagrantemente el artículo 48 de la Constitución Política. El Decreto Ejecutivo 425 fue expedido, en nuestra humilde opinión, en total desconocimiento, por decir lo menos, de la institucionalidad jurídica que todo funcionario de alta jerarquía o bien, quienes lo asesoran deben conocer, sobre todo si ahora pretenden esos funcionarios llegar a la Presidencia de la República.

Recordemos que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) revocó los días 9 y 29 de noviembre de 2011, 14 resoluciones adjudicatarias de los terrenos de Juan Hombrón. Lo hizo según afirmó la entidad, con el objeto de salvaguardar los intereses de la República de Panamá. Incluso el interés legítimo del Estado panameño en aquel momento, tal y como lo manifestaran los más altos jerarcas de este Gobierno, era cancelar las inscripciones en el Registro Público para recuperar las 14 fincas a nombre de la nación.

Pero de repente, y como por arte de magia, mediante el Decreto Ejecutivo 425 aludido, firmado por el Presidente de la República y el entonces ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (y actual candidato oficial a Presidente), se expropian esas tierras que estaban dentro de un proceso legítimo de revocatoria promovido por el propio Gobierno Nacional, con el agravante de expropiarlas sin pagar la indemnización que exige el artículo 48 de la Constitución.

Hay algo peor en ese decreto. A pesar de que las 14 fincas mencionadas estaban, aparentemente, en proceso de recuperación dentro de un debido proceso, por la manera irregular e ilegal en que se otorgaron –como lo manifestaron altos funcionarios de este Gobierno– destaca expresamente en uno de sus considerandos que fueron otorgadas a distintas personas “mediante el cumplimiento de procedimientos de adjudicación, contenidos en la Ley 80 de 31 de diciembre de 2009”.

Con esta frase el Gobierno da a entender que el proceso de revocatoria de las adjudicaciones, iniciado por la Anati, supuestamente para salvaguardar los intereses del Estado panameño, fue ilegítimo e injusto porque las fincas se adjudicaron a sus nuevos propietarios en apego a la ley.

Vaya tamaño de contradicción institucional. Y además deciden no indemnizar en base a la Ley 57 de 1946, que no puede estar por encima del artículo 48 de la Constitución que actualmente nos rige.

En síntesis, si este Decreto Ejecutivo 425 de 2012 es declarado inconstitucional en lo referente al no pago de la indemnización (lo que se podría lograr sin mayor esfuerzo mental), le costaría mucho dinero al erario público si los propietarios de esas 14 fincas, posteriormente deciden demandar por la vía civil al Estado.

Distinto hubiera sido mantener el proceso administrativo de revocatoria de las resoluciones, resolver las reconsideraciones e incidentes de nulidad, esperar que se agotara la vía gubernativa para finalmente, promover las acciones civiles pertinentes para cancelar las inscripciones en el Registro Público. No olvidemos que el apuro trae cansancio.

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