EL MALCONTENTO

Interés público en territorio ngäbe: Paco Gómez Nadal

Debería incluirse un delito bajo el título de “malversación semántica” e imputar a todos los gobiernos, oficinas de comunicación y canallas varios que tuercen el lenguaje para que la ley sirva a sus intereses (privados). Uno de los términos más prostituido en los últimos años es el de “interés público”. No parece casual que todo lo que responde al interés privado de la mafiocracia sea considerado de interés público, aunque el público y lo público se conviertan en víctimas de forma automática.

El último ejemplo lo tenemos con el enésimo hecho de malversación ocurrido en Barro Blanco. Este gobierno vuelve a considerar la obra como de “interés público” y eso le lleva a autorizar la entrada de la empresa constructora en las zonas donde el pueblo ngäbe ha señalado que ocurrirán las más graves afectaciones a la población y el ambiente. Esta hidroeléctrica, como muchas de las que se construyen en Panamá, no están planeadas para mejorar la calidad de vida de la población, sino para engrosar el ya jugoso negocio energético que se cocina en toda Centroamérica. Dejemos, por tanto, algo claro: no se juega el interés público en el río Tabasará, como no se juega en el Teribe ni en el Changuinola. Lo que se juegan son muchos millones de dólares en pingües beneficios empresariales. Los seres humanos, el ecosistema o el interés público (es decir, el beneficio a la mayoría de la sociedad) no participa en esta polémica.

Lo que también demuestra la acción del Ejecutivo es que de poco sirve que las poblaciones se avengan a negociar de buena fe cuando los conflictos estallan. Hagamos memoria. Tras las inmensas movilizaciones de los pueblos ngäbe y buglé en 2010 y 2011, en las que la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco ocupaba un lugar preeminente entre los reclamos, los indígenas y el gobierno decidieron sentarse a negociar con la mediación de Naciones Unidas. Fueron muchas las reuniones, desvelos, misiones de verificación, los informes... Todo ello ratificó que “la falta de una consulta adecuada con respecto al proyecto Barro Blanco ha creado una situación de miedo y extrema ansiedad entre los pobladores. Los impactos directos e indirectos no han sido claramente explicados y, ciertamente, pueden afectar a la comunidad por lo que deben ser mitigados”, como rezaba el informe de Naciones Unidas.

Es más, los peritos aseguraban que “Barro Blanco es un proyecto relativamente simple y de efectos fácilmente mitigables, comparados con otros a nivel internacional; pero, a nivel local, los impactos en el río, la desaparición del bosque de galería y los cambios de la fauna acuática son importantes y se traducen en impactos económicos y culturales para las poblaciones ngäbe de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar”.

Además, el relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, aseguró que “de acuerdo a las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, no se debería proceder a la inundación de las tierras del pueblo ngäbe, ni afectar de otra manera sus tierras sin un acuerdo previo con las autoridades representativas de este pueblo sobre las condiciones de tal inundación o afectación. Sin el acuerdo o consentimiento del pueblo ngäbe, el Estado solo podría permitir la afectación a los derechos territoriales de este pueblo, en virtud de un propósito público válido dentro del marco de derechos humanos, y solo en la medida en que la afectación fuese necesaria y proporcional en relación a ese propósito valido”.

¿De qué han servido las misiones, informes, voluntad de negociación del pueblo ngäbe? De nada. Una vez más, con las supuestas negociaciones, el Gobierno se ríe de la población a la que dice representar, logra desinflar el clima de protesta social y solo aplaza decisiones lesivas para la nación que, al final, toma de forma unilateral y obviando el marco legal nacional e internacional.

No hay interés público en la gestión de un Gobierno que se define como de empresarios y que, como tal, defiende la angurria inversora antes que los derechos humanos y territoriales de su pueblo.

Sin embargo, los encorbatados criollos de oficina y aire acondicionado no entienden la lógica de los pueblos originarios y su conexión con el territorio. No luchan los ngäbe por un aumento de salario o por intereses gremiales, sino por su esencia, la que los conecta al territorio más allá de intereses individuales. Es cierto que desde 2011 han permanecido en relativo silencio, apelando a la institucionalidad occidental para defender sus derechos, pero saben hacerlo de otra manera. La actitud del Estado no les deja muchas más salidas. Tratarán de criminalizarlos y de estigmatizarlos; dirán que se oponen al desarrollo; que están siendo manipulados (ya se sabe que para un criollo colonial un indígena no tiene autonomía ni pensamiento propio). Pero nada de esto importará. Las y los ngäbes han demostrado hasta la saciedad su determinación. Si no los frenaron los asesinatos de hermanos en las tristes jornadas de represión policial, menos lo hará el falso “interés público” tras el que se esconde la usurpación de su territorio.

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