DESAFÍOS

Inversión y eficiencia en la provisión de agua potable y saneamiento: Tom Rodríguez

La provisión de agua y saneamiento constituyen elementos cruciales para la salud pública y hasta la estabilidad social. Hay evidencias claras que demuestran que invertir debidamente en el suministro de agua y alcantarillado reduce la necesidad de que el Estado gaste en salud curativa.

En efecto, la falta de agua y saneamiento, tanto a nivel urbano como rural, constituye uno de los principales elementos que facilitan la propagación de enfermedades gastrointestinales o la propagación de vectores. Inclusive, la provisión de agua es uno de los elementos esenciales para asegurar la estabilidad y paz social en vista de que la falta de este líquido puede provocar “disrupciones” y manifestaciones.

En el caso específico de Panamá, indudablemente, la provisión de agua y saneamiento enfrentan interesantes desafíos. En primer lugar, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) padece serias limitaciones gerenciales lo cual se traduce en fuertes pérdidas operacionales y un servicio en ocasiones de baja calidad.

Ciertos indicadores confirman este bajo nivel de eficiencia. Por ejemplo, el Idaan tiene seis empleados por cada mil conexiones, cuando el estándar es de cuatro empleados. Otro aspecto es que en ciertas áreas el proceso de suministro es, en ocasiones, discontinuo.

Por otro lado, Panamá presenta una cobertura de agua de 92%, mayor que la de América Latina que es en promedio de 91%. Sin embargo, estos promedios esconden el hecho de que a nivel de comunidades rurales hay serias limitaciones en el acceso al agua. Más aún, en relación con el acceso al saneamiento en Panamá, este es de apenas 74%, por debajo del promedio latinoamericano que es de 78%.

Otro aspecto es la necesidad de establecer un sistema tarifario más racional, tanto para el consumo de agua como para el servicio de alcantarillado, ya que de hecho las tarifas no cubren siquiera los costos de provisión.

Inclusive, aun cuando la ley establece que los usuarios deberían pagar por el servicio de alcantarillado un 50% de la tarifa de agua, en la práctica los usuarios pagan un porcentaje muy inferior. Por otra parte, la tarifa inicial (mínima) de consumo es muy alta, y la tarifa adicional muy baja, lo que desincentiva el ahorro del líquido.

Otro elemento crucial es que un altísimo porcentaje de usuarios, tanto urbanos como rurales, reciben el servicio de agua, pero carecen de medidores lo que, igualmente, complica que se aplique un sistema racional o proporcional de tarifas basado en el consumo real. Todo esto, lamentablemente, impide que haya un uso racional de un recurso vital como es el agua y frena la posibilidad de que se mejore y amplíe el servicio por vía de mayores inversiones en plantas de tratamiento y sistema de distribución, entre otros.

Uno de los principales desafíos para mejorar la situación existente podría ser el de reforzar la coordinación interinstitucional, sobre todo a nivel de dotación de agua y saneamiento entre las comunidades rurales, proceso en el que participan varias entidades. Igualmente, sería conveniente involucrar más a las entidades municipales que son por naturaleza más sensibles a las necesidades de la comunidad; en Panamá ha habido poca participación de esta instancia gubernamental en la solución de este tipo de problemas.

Finalmente, la modernización del sector agua y saneamiento para Panamá constituye una necesidad impostergable, pero se trata, también, de un tema complejo que solo puede resolverse mediante una coherente coordinación y teniendo una alta sensibilidad hacia los usuarios de menor ingreso, quizá a través de un proceso de subsidio monitoreado a fin de asegurar la viabilidad de esta modernización.

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