MEJOR APROVECHAMIENTO

Inversión pública, un enfoque social: Wilfredo E. Grajales V.

Cuando concluya el actual quinquenio, la inversión pública en Panamá, literalmente, se habrá más que cuadruplicado respecto de la ejecutada durante el quinquenio anterior. Por otro lado, este impulso a la inversión ha contribuido de forma decisiva en el crecimiento de estos años, pero contribuirá también al crecimiento en el próximo quinquenio, porque el país contará con una mayor capacidad instalada de producción. Sin embargo, el potencial para aprovechar al máximo este flujo dependerá del enfoque que se le confiera a estas inversiones en los cinco años restantes, y de adoptar políticas públicas que garanticen que la masa de recursos se enfoque en lograr un desarrollo integral.

La inversión de los pasados cinco años se caracterizó por su énfasis en materia de infraestructura física, incluyendo, entre otros, proyectos de vialidad como carreteras, puentes elevados y pasos subterráneos; abarcó inversiones fuertes en la ampliación del Canal, así como el desarrollo del transporte público (el Metro, por ejemplo). Una porción importante se destinó al mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento vinculada con la salud y la educación pública, todos esfuerzos encomiables.

Se calcula que la próxima administración podría invertir un monto adicional de hasta $20 mil millones. Para sacarle mayor provecho a las pasadas y a las nuevas inversiones y encarrilar el país hacia el desarrollo deben tomarse en cuenta los mayores escollos que enfrente Panamá.

Casi inexorablemente todos los diagnósticos apuntan hacia la necesidad de priorizar los objetivos sociales y generar una economía incluyente, basada en una mayor institucionalidad.

Resulta crítico, por ejemplo, construir más estructuras físicas en salud, pero que también se reserve una porción mayor de fondos para programas de salud preventiva o al mejoramiento y profesionalización del sistema judicial, desde la fase de investigación hasta la etapa de resolución en el Órgano Judicial.

Igualmente, podrían destinarse fondos para el fortalecimiento institucional, sobre todo de aquellas entidades involucradas en la provisión de servicios de carácter social, mediante un mayor equipamiento y reforzando la presencia de estas en áreas o regiones de alta pobreza y desigualdad.

En el caso de la educación, haría falta más recursos en la formación del capital humano, particularmente para quienes imparten la enseñanza. Esto implicaría reforzar los fondos para capacitación, investigación y tecnología en las aulas, así como dotación de equipo, modernización y mejoras en la calidad y pertinencia de la docencia. Se puede, además, profesionalizar el recurso humano de la administración pública, destinando una mayor porción de dinero para incentivar salarialmente a aquellos funcionarios que gocen de los méritos necesarios, y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan.

Otras prioridades o programas de tipo social incluirían nutrición y becas escolares para elevar las condiciones de los estudiantes. Se requiere (más que proyectos de gran envergadura) estimular planes de menor escala que conlleven un alto impacto, sobre todo en las comunidades pobres o apartadas. Esto podría incluir la construcción de parques y aceras, servicios higiénicos, puentes, sistemas sanitarios y dotación de agua, entre otros.

En todo caso, se debe priorizar en la preparación, evaluación y ejecución de obras. La evaluación de costo/beneficio de los proyectos es imprescindible para asegurar la mayor rentabilidad social de la inversión que se haga. Una cosa es un proyecto cuya rentabilidad social medida sea 5% anual, y otro en la que sea 15% anual. Por ello, es indispensable cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que indica la neutralidad de preparar su plan quinquenal de inversiones públicas articulado, y llevar a cabo la evaluación económica de los proyectos para priorizar su ejecución.

Por último, se requeriría igualmente una mayor inversión en microcréditos y fomentar la asociatividad para fortalecer la conformación de grupos económicos constituidos por personas de bajo ingresos. Esto, en conjunto, permitiría una combinación óptima entre lo que se define en economía como “maquinaria y equipo y recurso humano”.

Solo de esta forma se garantizaría que la masiva inversión se traduzca en una mejora sostenida en la productividad, la eficiencia, la calidad de vida y en el salario de la gran mayoría de los panameños.

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