APLICACIÓN DE JUSTICIA

Irregularidades e investigaciones: Anel Béliz

El Ministerio Público realiza una labor extraordinaria, al investigar las irregularidades que, según se aduce, cometieron durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli algunos funcionarios relevantes, amigos, empresarios y bancos que actuaron como cómplices.

Aunque la investigación ha cubierto el lado más visible de estos casos y, a pesar de que han pasado más de 12 meses de averiguaciones, todavía hay mucho por descubrir. Es indiscutible que el Ministerio Público no es culpable del atraso, debido a lo difícil de su trabajo y a la falta de personal idóneo pendiente de nombrar, porque el Ejecutivo no ha proveído los fondos para designar más fiscales y personal. Son muchos los funcionarios o personas que faltan por indagar. Otros están prófugos o “pasan agachados”. Llama la atención que aún no se haya indagado a exfuncionarios de alto perfil como Jimmy Papadimitriu, la persona de mayor influencia y poder en el gobierno Martinelli y asesor personal, a pesar de señalamientos que lo vinculan con el caso de los terrenos en Juan Hombrón, a nombre de sus familiares, o de los 300 millones de dólares que –según un abogado– depositó en bancos de Andorra, entre otros negociados. Papadimitriu fue el funcionario de mayor confianza de Martinelli y, posiblemente, conoce muchas de las irregularidades cometidas durante los años en que fue ministro de la Presidencia.

Algo parecido ocurre con la excontralora Gioconda de Bianchini, quien se ha reportado enferma. Ella debería ser interrogada, no vaya a ser que todas las irregularidades que conoce de primera mano caigan en el olvido. Otro que debería ser llamado a declarar es el exdirector de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salo Shamah, que solicitó coima para sacar de la cárcel a Mayte Pellegrini (según las declaraciones de la afectada) y que fue señalado por aplicar un millonario sobrecosto en la construcción de un nuevo Centro de Convenciones de Amador, hoy paralizado.

Además, ¿cómo es posible que no se investigue a West Valdés ni a Iván Clare, de Financial Pacific, por el manejo irregular de millones de dólares de los depositantes de esa casa de valores o por las negociaciones ilegales hechas a la sombra de “información confidencial”, como se ha publicado en varios medios? ¿Qué ha sucedido con las investigaciones por la desaparición de Vernon Ramos, el intento de homicidio del funcionario Gordón y con el prófugo sospechoso?

Hay preguntas que requieren respuestas, por ejemplo, ¿por qué no se solicita la extradición de Chichi De Obarrio, Ricky Calvo, Nicolás Corcione, Gabriel Btesh u otros? La mayoría está en Estados Unidos, al igual que Martinelli. En esa nación no hay peor delito financiero que el lavado de dinero o hacer negocios por medio de información privilegiada, lo que castiga la Securities and Exchange Commission, agencia federal que investiga estos delitos y, como aquí se ha afectado a ciudadanos estadounidenses, a ellos se les podría denunciar. Seamos conscientes de que el hecho de que se indague o impute a una persona no significa que sea culpable. Lo importante es que haya justicia igual para todos. Los que merecen ir a la cárcel, que sean encarcelados y aquellos inocentes, deben ser absueltos.

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