VIOLACIÓN DE GARANTÍAS

Juicios penales colectivos: Hipolito Gill

Hace algunos días tuvimos la oportunidad de asistir a una “audiencia” penal en la que se debatía la suerte de un supuesto delito de “pandillerismo” y de las personas presuntamente vinculadas a este delito. La sala de “audiencia” estaba atestada de sindicados, todos atados con esposas y algunos con cadenas en los pies. Eran aproximadamente 90 detenidos.

Los abogados particulares y defensores públicos sumaban más o menos 25. La carga más alta de representación de sindicados la llevaban los defensores públicos, pues cada uno asumió la defensa de más de una decena de sindicados. No hemos contado ni a los funcionarios ni a los familiares ni a los miembros de la fuerza pública presentes. Se trataba entonces de una “asamblea” con apariencia de proceso penal.

El alegato de los abogados –tanto públicos como privados– coincidía en muchos aspectos; el carácter de cosa juzgada de la mayoría de los procesos supuestamente vinculados al pandillerismo, la inexistencia de algunos de los requisitos de este delito, como por ejemplo, jerarquía, uso de símbolos distintivos (tatuajes). Incluso algunos abogados señalaron en su intervención que los hechos imputados se habían producido antes de que entrara en vigencia la ley sobre pandillerismo. Otros, afirmaron que las detenciones se produjeron en las residencias de los sindicados en horas de la madrugada.

Esta era la “escena” en que se desarrollaba este proceso penal en el que la mayoría de los sindicados –por no decir todos– residían en una misma comunidad.

Un principio elemental del procedimiento –fundado en la legalidad– establece que toda persona vinculada a la comisión de un delito tiene derecho a un procedimiento individualizado que permita debatir su específica situación legal. Es cierto que hay procesos penales en los que aparecen varias personas vinculadas y ello ocurre, en muchas ocasiones, pues el delito lo puede cometer una persona con la intervención o concurso de otras.

Pero, lo que parece un tanto extraño –por decir lo menos– es que se convoque a una multitud a la que se le vincula a un controversial delito de pandillerismo, y que la mayoría vive en una misma comunidad que injustamente ha sido descalificada del orden social por las condiciones precarias de subsistencia que mantiene. De más esta decir que en muchas ocasiones estas comunidades no cuentan con los más elementales servicios públicos de educación, salud, trabajo, recreación, etc.

Hay que tener cuidado en no recurrir a una suerte de represión penal por los estilos de vida de determinados individuos que integran un grupo social, pues ello implicaría descalificar socialmente una parte importante de la población y, además, contradice los principios que contempla la nueva legislación penal, interesada en los actos realizados por los individuos y no por los estilos y modos de la convivencia.

Era prácticamente imposible que el Ministerio Público entrara a debatir la vinculación detallada de cada uno de los sindicados en el supuesto delito. La misma suerte era aplicable al juzgador al momento de determinar la comisión del hecho y la vinculación de los sindicados.

Esta tarea adquiría mayor complejidad si el juez tenía que recurrir a dos modelos procesales distintos. Es decir, que estaba obligado por la ley a seguir los principios del sistema penal acusatorio, sin embargo, como el proceso se desarrolló en la provincia de Panamá (donde no está vigente aún) se hizo dentro del contexto del sistema inquisitivo.

Con anterioridad se había decidido otro proceso de similar naturaleza en el que el número de detenidos era también más o menos igual. Pero, en aquel juicio colectivo, como en el que comentamos, los jueces penales asumieron la responsabilidad jurídica que les correspondía, ya que en un caso se desvinculó a todos los sindicados y en el otro solo fueron llamados a juicio los supuestos líderes o “cabecillas” de la “organización criminal”.

Está claro que los juicios penales no pueden cumplir papeles que no les corresponde, que en principio están atribuidos a otras autoridades. Se trata de investigaciones que nunca debieron iniciarse, porque que en el camino se violaron una serie de garantías y se produjeron daños irreversibles, si tenemos presentes los nocivos efectos de la detención preventiva que sufrieron muchos de los sindicados por el hecho de recurrir a un mecanismo descontrolado de represión de la criminalidad que, lamentablemente, toca solo a unos pocos y, en el caso de los “juicios” citados, a miembros de dos comunidades muy desfavorecidas social y económicamente.

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