SOCIEDAD

¿Justicia o desafuero?: Ubaldo E. Del Cid

La justicia, desde una perspectiva estrictamente semántica, “es orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comunidad, tanto en la sumisión a la leyes entre ellos vigentes como en el reparto de los bienes comunes”. Por otro lado, siempre se ha señalado que la “justicia es ciega” y lleva por atributo la objetividad, el acatamiento de normas y el logro imperativo de medidas justas que mantengan el equilibrio social.

No obstante, la justicia panameña, en el actual momento, no pasa ninguna prueba local ni internacional que busque validar sus alcances y su verdadero grado de equidad, en defensa de derechos y del patrimonio nacional.

El Ministerio Público es percibido como una estructura ineficaz, parcialista, ajustada a los caprichos y a los manejos políticos de los gobernantes de turno, lo que desvirtúa aquello de igualdad para todos y sumisión de todos a las leyes. Pues, en nuestro país se da el lamentable fenómeno de que la justicia tiene ojos y clase social específica contra quien arremeter; tiene nombres, familias y apellidos que no debe tocar.

Consecuencia de lo precedente es una mafia alimentada por la corruptela que campea por nuestras calles, que hace lo que le venga en ganas, que avasalla, que atenta contra los derechos a la vida y el bienestar de muchos; que no le teme a la ley, porque sabe que ellos la controlan, que tienen a altos personeros de “justicia” bajo su férula, pues carecen de principios y del más mínimo recato para no aceptar puestos que los compromete y los hace lacayos incondicionales de un lamentable estado de cosas.

El caso de la justicia en Panamá me recuerda aquel pasaje citado por el ilustre José Saramago, al describir a un campesino que, inusualmente, tocaba las campanas de la iglesia en una aldea (hace más de 400 años), no para anunciar el fallecimiento inminente de una persona, sino para denunciar “la muerte de la justicia”; esa que debe estar a disposición y manejo de todos, pues tiene normas que la rigen, estructuras jurídicas que la sustentan y una moral que debe ser su estandarte. En nuestro país no existe este marco de cosas; indicar que sí, sería una postura temeraria y evidencia tangible de supina ignorancia de los hechos y de la realidad del entorno sociopolítico y económico. En consecuencia, pidamos que el asesinato cotidiano de la justicia deje de ocurrir y propugnemos por un auténtico estado de derecho, en el que no valga el dinero, apellidos ni manejos de grupos de poder, para poner la balanza de la justicia a nuestro favor. Dios salve a Panamá.

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