LEGISLACIÓN

Justicia para la discapacidad: Irving Domínguez Bonilla

El día a día de una persona con algún grado de discapacidad resulta complicado, tanto por los esfuerzos que tiene que hacer para lograr tareas que son sencillas para muchos de nosotros o bien frente a los obstáculos sociales, económicos o de locomoción existentes que se le imponen. Este panorama se extiende no solo a estas personas que tienen una limitación física o psicológica, sino también a los familiares cercanos, quienes tienen que ayudar y coadyuvar en la atención y facilitación de las actividades del mismo.

Conforme a un principio de justicia social, el cual persigue que las personas tengan un tratamiento de igualdad frente a otras y como señaló el pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 11 de octubre de 2010, en cuanto a la obligación del Estado: “Ello crea para las instituciones del Estado la responsabilidad de garantizar dentro de sus competencias “...el pleno goce de los derechos a las personas con discapacidad...”, como lo indica el artículo 8 de la Ley Nº 42 de 1999, por lo que se presentó en la Asamblea el proyecto de ley 626 de 2013, el cual persigue la equiparación económica para las personas con discapacidad.

La iniciativa, que ha enfrentado obstáculos, a pesar de su sustento y necesidad, encontró acogida y fue propuesta en la agenda de las últimas sesiones extraordinarias, siendo aprobada en tercer debate en el mes de diciembre de 2013.

El fondo el proyecto persigue brindar los mismos beneficios a los discapacitados de los que gozan los jubilados y pensionados, previamente hayan sido certificados por la Secretaría Nacional de Discapacidad. En este sentido, el documento aprobado extiende estos beneficios no solo a los nacionales sino también a aquella persona discapacitada residente permanente, residente temporal o no residente.

En mi caso tengo un hijo con un grado de autismo y nuestra familia ha podido solventar sus terapias y atenciones médicas a base de esfuerzo propio y apoyo de muchas personas, sin embargo otros, esa gran mayoría de la población discapacitada, no tienen esa misma oportunidad y al no tener una entrada económica fija o bien beneficios sociales de algún tipo, se ven imposibilitados incluso para obtener hasta la medicinas necesarias para su subsistencia. A pesar del esfuerzo realizado, tanto por el proponente del proyecto como de la comisión legislativa correspondiente, para lograr la aprobación de esta propuesta, que da una respuesta positiva a estas personas, no se ha logrado que a la fecha el Órgano Ejecutivo sancione la ley y ordene la promulgación en la Gaceta Oficial, sin que tampoco se indique cuáles son las objeciones al proyecto.

El Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de hacer justicia a los miles y miles de discapacitados que claman por igualdad de oportunidades, solo necesitan del apoyo y empuje para lograr sus objetivos personales y a su vez brindar aportes al país. Señor Presidente, esperamos una respuesta positiva y de alivio a estas personas, un apoyo para solventar su situación; le pedimos con vehemencia que sancione y promulgue la ley.

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