SALARIO MÍNIMO

Justicia laboral o terrorismo económico: Roberto Brenes P.

Aunque no lo comparto, tener un salario mínimo se considera universalmente deseable y positivo. El tema es si el salario mínimo redime las necesidades sociales de los asalariados sin dañar las perspectivas del empleo o si el sueldo por decreto rebasa las posibilidades económicas del mercado y crea más problemas que los que resuelve. Alarmante es además que en Panamá la nueva modalidad de fijar salarios por zonas y actividades, además de introducir más rigidez en el mercado laboral, es ahora un arma de terrorismo económico con la que el Ejecutivo reparte zanahorias a los allegados y palo a adversarios políticos o simplemente por envidia de la mala.

Fracasada la gestión de la Comisión de Salario Mínimo, entra el Ejecutivo a dirimir, dice fijar una cifra que permite a los trabajadores resarcirse del alto costo de la vida. Cierto es que los nuevos mínimos, en su mayoría con incrementos entre 13% y 15%, parecieran resarcir las pérdidas de poder adquisitivo de los últimos años. Sin embargo, visto el incremento en términos de impacto en la economía laboral, Panamá está peligrosamente moviéndose hacia niveles de estancamiento que puede rebotarnos en desempleo e incluso en pérdida de productividad.

Una manera de determinar si el salario mínimo resulta discriminatorio a nuevos empleos es medirlo contra la mediana de salarios (los salarios que están justo en la mitad de todos los salarios). Esto se conoce como el Índice Kaitz; más alto el índice, más barreras al crecimiento del empleo. Estados Unidos (EU) por ejemplo, tiene índice de 38% y las barreras son en efecto bajas. Pero países cuyo índice excede 60%, como Francia, experimentan alto desempleo por la barrera que crea un alto mínimo. Con los recientes aumentos al salario mínimo y usando la mediana de salarios de Panamá para 2013 por actividad económica, salta la dura sorpresa de que en todos los sectores de la actividad, el índice supera el 60% y en algunos casos, dependiendo de las horas de trabajo mensual, ¡puede llegar a 90%!

Pero en economías, como aquí, donde los salarios medios son relativamente bajos, el Kaitz se critica por inexacto. Una economía puede tener una alto Índice Kaitz, pero medido contra el producto interno bruto (PIB), los mínimos resultan bajos, como ha sido el caso de Chile y justifica un mejor salario mínimo. Como alternativa, se usa un Índice Kaitz Ajustado, que confronta el salario mínimo al PIB per cápita. Arriba de 30% se considera que el salario mínimo está en línea con un salario adecuado a la economía. A la vez, parámetros que rebasen 40% se consideran que están en los estratos superiores de una relación sana con el PIB. Calculado con el nuevo salario mínimo promedio de $525 mensuales (hay más altos y algunos más bajos) y comparándolo al PIB per cápita de $16 mil 329 anual que nos acaba de dar el Fondo Monetario, nuestro Índice Kaitz Ajustado frisa el 43%. Estamos en alerta amarilla con un índice o el otro.

Los cálculos son estimaciones gruesas e invito a una discusión profunda. Pero la realidad es que tenemos una economía con la vela prendida por las dos puntas. Por abajo la candela que viene de salarios mínimos por decreto y por arriba, el fuego de una legislación anticuada y rígida que impide mejoras en la productividad laboral. Lo que se proyecta en el tiempo es un sector productivo cada vez más arrumado, por efectos de aumentos periódicos de salario mínimo, contra un muro de restricciones laborales. Y cada vez hay menos posibilidades de pasarle los precios a una población más empobrecida por la imposibilidad misma de mejorar su productividad individual. Si queremos generosidad, empecemos por mejorar las posibilidades de que cada quien pueda surgir con su esfuerzo y dedicación, quitando las barreras que lo limitan.

Ya hay anuncios de nuevos precios y tarifas en el mercado que neutralizan el impacto del ajuste, o sea buena parte de los aumentos ya se evaporó. ¿Y, los que no pueden transferirlo porque compiten contra el mundo? Si queremos un agro que pueda competir contra importaciones y reducir la dependencia alimenticia, estamos haciendo lo opuesto. Si queremos un hub logístico internacional, no podemos clavarle a las aerolíneas un 68% de incremento al salario base. Volvemos al arrebato del pirómano, que porque no soporta el color del baño, le da fuego a toda la casa.

Ahora prendemos la alerta roja. No hay racionalidad económica en la asignación del salario mínimo. El proceso se está usando para legislar favores y castigos de carácter electoral o personal. El decreto está lleno de esos caprichos; cito solo dos, además del abuso con las aerolíneas; uno, la tasa de incremento salarial más baja del decreto la tienen los supermercados, ¿por qué? Y dos, ¿hay una razón económica para pasar a Pesé a Zona 1, y dejar, por ejemplo, a Soná en Zona 2, siendo este distrito más grande que aquel y con salarios nominales muchos más bajos? Las únicas razones parecen ser, que en el primero está un odiado adversario político del Presidente, en el otro sus mataderos, sus porquerizas, sus vacas y sus primos. Así, ¿para dónde vamos?

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