SOCIEDAD

´Laicofobia´ caribeña: Fernando J. Arnheiter Castillo

Últimamente, en nuestro querido y caluroso Panamá se hilan conversaciones relativas a la aprobación de un proyecto que regule “la educación sexual”, la inserción de personas LGBT y normas relativas a un marco legal de participación de los jóvenes en la vida pública. Todas estas menciones son relevantes para mejorar al país, y el apoyo puede marcar un hito legal en su desarrollo. Sin embargo, tenemos una piedra en el zapato que entorpece esa meta: una religión de cabecera.

No estoy en contra de las creencias religiosas, porque todos tenemos derecho a profesar una religión, a expresar nuestras ideas con libertad y a autodeterminarnos como pertenecientes a algún credo. Sin embargo, esa libertad es personalísima y carente de restricción particular, por lo tanto, encasillar al particular mediante una Constitución restrictiva, como la panameña, no significa solo crucificar un principio internacional fundamental, sino que vulnera un desarrollo integral del propio país, colocándolo en estado de retroceso. Esto lo vemos cada vez que se intentan aplicar normas como las mencionadas, porque las grandes masas de orden religioso se oponen de forma rotunda y sin un sustento siquiera funcional-legal. Solo mencionan dogmas religiosos alejados de cualquier razón jurídica, lo que mantiene al país en una verdadera incertidumbre.

La realidad es que Panamá, según el Art. 4 de la Constitución, es un país que acata (obligatorio) las normas del derecho internacional, y como somos parte también de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por lo tanto, de sus organismos legales, es necesario adaptar nuestro derecho a los principios fundamentales reconocidos en dicha convención. Comenzando con la llamada “cláusula antidiscriminatoria”, en la que se abre el abanico a las religiones, sexo, creencias “y cualquier otra de índole social”. Por lo tanto, hemos mantenido nuestra posición de ser un país con mucho desarrollo estructural, pero un retrógrado sistema legal de derechos humanos.

Quizás en la letra no suene tan importante, pero al momento de aplicar y reconocer derechos nuevos, acordes con situaciones que se dan hoy por hoy, nos hemos visto limitados por una Constitución “que duerme el sueño eterno”. Para promover normas nuevas, debemos comenzar por promover políticas públicas para que nuestros nacionales conozcan que hay otras realidades, alejadas de la religión, credo y los dogmas eclesiásticos. Luchemos por una Constitución vanguardista, por la juventud, por el respeto de los derechos humanos y por la verdadera paz, una integral y libre de estigmas sociales.

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