PROLIFERACIÓN DE CASINOS

Mercaderes del juego: Carlos Bellido

Una vez más ha quedado demostrada la indiferencia social del Gobierno, a través de la Junta de Control de Juegos, a la hora de regular la irracional proliferación de casinos en Panamá, que cada vez más atrapan a nuestra población y gestan nuevos ludópatas o adictos al juego. A esta adicción contribuyen los esloganes publicitarios que se utilizan para atraer al público, en general, ofreciendo un ideal de lujo, suntuosidad, esparcimiento, diversión y entretenimiento.

Estas estrategias publicitarias tienen por objeto instalar el pensamiento mágico popular de alcanzar un éxito inmediato, de la noche a la mañana, asociándolo a la participación en diversos juegos de azar. Sin embargo, lo que en realidad se busca es promover, fomentar e impulsar el juego en el contexto de una política estrictamente comercial llevada a cabo por las empresas o establecimientos que explotan los casinos o salas de juego, en la búsqueda de una ecuación económica que brinde la mayor utilidad posible.

En síntesis, cuya finalidad es esencialmente de lucro.

El Estado no puede estar ausente, debe intervenir en esta problemática social, sin que necesariamente eso se constituya en una traba u obstáculo a la industria del juego en Panamá, sino para regular la actividad con un criterio de razonabilidad, considerando que están en juego intereses trascendentales como la protección de la salud de las personas que manifiestan tendencias hacia esa actividad compulsiva, la protección de su grupo familiar, así como la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de juegos de azar.

No me opongo a la apertura de casinos en grandes hoteles o en lugares turísticos, porque fomenta la inversión, la generación de empleos y la recaudación de impuestos, pero sí me preocupa la ubicación de estas salas de juegos en lugares populares, caracterizados por una población de bajos recursos económicos, con necesidades latentes en materia de salud, educación y empleo, entre otras.

No entiendo la política de la Junta de Control de Juegos que otorga concesiones para casinos, principalmente, y a las operadoras de máquinas tragamonedas, en estos lugares, considerados socialmente sensitivos.

El caso más insólito lo vemos en la terminal de transporte y en el centro comercial de Albrook, que es el paso obligado de miles de personas que viajan desde y hacia el interior del país, o lo hacen a Panamá oeste y Panamá este, ya sea para ir a sus puestos de trabajo, realizar diligencias personales o hacer compras. Allí funcionan dos salas de máquinas tragamonedas, por cierto, pertenecientes a una misma empresa, con un total de 750 máquinas que, según mis estimaciones, pueden generar cada una 20 mil dólares anuales o 15 millones de dólares de ingresos brutos, cuya mayor parte se la llevan sus propietarios y una pequeña porción la recibe el Gobierno en concepto de impuestos, lo que al parecer es lo único que le interesa.

¿Y quiénes son los llamados a financiar estas cifras astronómicas de dinero? La respuesta salta a la vista: los humildes panameños que buscan esa ilusoria esperanza de ganar dinero de manera fácil. Señores de la Junta de Control de Juegos, ¿cuándo van a empezar a defender los intereses del pueblo?

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