DEMANDAS INDÍGENAS

Merecemos transparencia, consulta y equidad: Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –En 2006, un activista que defiende los derechos de los indígenas panameños me relató una anécdota de tiempos de Omar Torrijos. Dicen que cuando Torrijos se reunió con los guna del Bayano, les prometió construir escuelas y centros de salud, traer electricidad, crear una comarca, pagar indemnización y tantas otras cosas que una indígena se puso de pie para decirle, “¿Acaso usted es Dios para prometer tanto?”.

Quizás ella preveía cuál iba a ser el desenlace. Se inundaron 35 mil hectáreas de suelo productivo que los gunas consideraban como tierra ancestral y unos 2 mil de ellos fueron desplazados. Al país se le había hecho ver que el proyecto era necesario para abaratar el precio de la electricidad, pero los precios no bajaron. Las promesas de escuelas y más quedaron casi totalmente incumplidas y todavía hoy hay una demanda sobre eso ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Lo que sí se cumplió fue crearle una comarca a los gunas de Madungandí. Según el activista proindígena que entrevisté en 2006, eso se dio porque cuando Ernesto Pérez Balladares asumió la Presidencia en 1994, los indígenas “le pasaron la factura” de todas las promesas incumplidas. Eso motivó la creación de varias comarcas, aunque los naso siguen esperando la suya. Eso es tema de otra demanda ante la CIDH, en la que la comunidad naso teribe reclama que “existen abusos y amenazas de la policía, las autoridades locales y de las empresas de Medellín en contra de los naso que nos oponemos al proyecto hidroeléctrico de Bonyic en nuestro territorio”. Ese activista proindígena me dijo en 2006 que el estudio de impacto ambiental para Bonyic fue altamente deficiente y que “es parte de la cultura política en Panamá [que el Gobierno alegue que estos proyectos] son importantes y necesarios”.

Pero los indígenas tienen todo el derecho de no creer lo que el Gobierno diga y todos los panameños por igual –indígenas o no– tenemos derecho a exigir transparencia, consulta ciudadana y equidad. En la disputa de los últimos días, parte de la controversia incluye puntos tan básicos como, ¿cuántos proyectos hidroeléctricos hay dentro de las comarcas o afectando sus aguas. ¿Quiénes son los dueños? ¿La energía a generarse es para consumo nacional o para exportación? ¿Dónde están las cifras sobre la demanda nacional y el abastecimiento? ¿Hay un plan nacional de energía que considere todas las alternativas y distribuya equitativamente el impacto de los proyectos? Si lo hay, ¿por qué no lo conocemos? ¿Qué clase de consulta ciudadana se ha hecho con las personas más directamente afectadas y con la población en general? Para las personas directamente afectadas, ¿cuál es el plan de compensación y participación en los beneficios del proyecto?

En otras palabras, no es suficiente que los voceros del Gobierno insistan que el desarrollo del país necesita de estas hidroeléctricas y que solo después nos enteremos de que los promotores de estos proyectos son amigotes del Presidente. Ello permite suponer que estos proyectos tienen el propósito de enriquecer a sus dueños, no servir a la Nación, por lo que es fácil comprender que los indígenas defiendan lo suyo con todos los medios a su alcance.

Eso incluye manifestaciones públicas y cerrar calles, que son las tácticas de un pueblo que no encuentra otra manera de hacerse escuchar. Si tuviéramos un gobierno que supiera responder debidamente a los reclamos ciudadanos, y que valorara el trabajo de las ONG que ayudan a dar voz a los marginados, creo que veríamos canales más efectivos de comunicación entre gobierno y pueblo. Me opinó alguien que el primer día de la protesta, el Presidente o algún ministro ha debido apersonarse al área diciendo, “no hay por qué cerrar la carretera, porque aquí estoy para atenderlos”. Mandar gorilas y bloquear celulares fue exactamente lo que no se debía hacer.

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