DEBATE

¿Ministerio, autoridad o plataforma?: Osvaldo Jordán Ramos

Pienso que ha sido acertada la decisión del Gobierno Nacional en cuanto a respaldar la propuesta de la sociedad civil para la creación de un nuevo Ministerio de Ambiente. Al haber participado en las discusiones que llevaron a la creación de la Anam, y de seguir como investigador/activista el desarrollo, vaciamiento y eventual colapso de esta institución, tengo que recibir con alegría esta nueva posibilidad de establecer el imperio de la ley y crear una nueva institucionalidad ambiental en Panamá.

Esta oportunidad histórica exige un amplio y profundo debate que supere al accidentado, traumático y controversial camino que llevó a la aprobación de la Ley General de Ambiente en 1998. En aquella ocasión, las organizaciones que conformábamos la Iniciativa de la Sociedad Civil sobre la Ley General del Ambiente (ISCA) decidimos negociar los términos de la nueva legislación, cediendo en muchos aspectos fundamentales, convencidos de que el país requería con urgencia de un instrumento que normara la gestión ambiental.

Al esfuerzo liderado por el equipo técnico-legal del Inrenare, solo le bastó el apoyo de diputados y empresarios una vez conseguido el espaldarazo de varias de nuestras organizaciones ambientales de base urbana. No obstante, hay que reconocer que en la actualidad han cambiado las circunstancias. La ciudadanía está movilizada en torno a diversas preocupaciones ambientales en toda la geografía nacional, involucrándose de manera protagónica en estas luchas los más pobres entre los pobres, y con una experiencia acumulada de sangre, sudor y lágrimas que no permite la posibilidad de suplicar, sino que más bien tiene la obligación de exigir una participación significativa en la toma de decisiones en materia ambiental.

Si bien el actual anteproyecto de ley incluye provisiones muy valiosas que introducen anhelados cambios en la normativa ambiental, hay otras disposiciones que pueden resultar funestas para la legitimidad de la institución, especialmente su excesiva centralización que la ratifica como juez y parte; y la creación de condiciones para que se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos que se dieron de manera sistemática entre 2004-2009. Para que esto no ocurra, debe existir una clara separación entre las funciones normativa y administrativa de los recursos naturales, evitando grotescas distorsiones como que los fondos de las mismas hidroeléctricas, a las que debe regular, terminen sirviendo como caja menuda para que los funcionarios de la Anam puedan viajar a reuniones internacionales sobre áreas protegidas en el otro lado del mundo.

Para que los puntos en controversia puedan ser acordados y/o consensuados, el actual proceso de consulta no puede quedar por debajo de los estándares establecidos en 1998, cuando la subcomisión técnica de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional tuvo la apertura, la rectitud y la decencia de reunirse con las demás instituciones del Estado y con representantes legítimos de la sociedad civil organizada, sin límites de tiempo y sin una agenda predeterminada. En mi opinión, aún existen las condiciones para que esto sea posible aprovechando el período entre legislaturas iniciado el 1 de noviembre. Con este leve giro en la hoja de ruta, el Gobierno Nacional cumpliría con la vocación democrática que le ganó la confianza de la ciudadanía, el pasado 4 de mayo, así como con sus promesas de diálogo, transparencia y consulta poniendo siempre al pueblo primero.

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