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PROPUESTA

Nacionalización del Canal: Olmedo Beluche

La realidad nos ha dado la razón a los que cuestionamos el proyecto de ampliación durante el referendo de 2006. El escándalo suscitado por la amenaza de la empresa española Sacyr, en nombre del consorcio Grupo Unidos por el Canal, de que suspenderá las obras antes de fines de enero si no se le reconoce una factura de sobrecostos de 1,600 millones, prueba que el proyecto era apresurado y no bien estudiado, porque el apuro era meterle el diente a los recursos futuros del Canal por parte de intereses locales y foráneos.

En 2006, el Frente por el No, compuesto por organizaciones como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, nos opusimos al proyecto de ampliación presentado señalando: 1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el Canal estaba “obsoleto”; 2. Tenía debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los proyectados; 3. Que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía. El referendo NO significó un aval a la ampliación, pues se abstuvo el 70% y, de los que votaron, el 40% lo hizo por el NO. En 2009, cuando la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adjudicó la obra al consorcio Grupo Unidos por el Canal, compuesto por cuatro empresas, señalamos que Sacyr era una empresa que ya estaba tocada por la crisis inmobiliaria española y que existía un conflicto de intereses, porque la empresa panameña CUSA pertenece a la familia del entonces administrador Alberto Alemán Zubieta.

¿Qué relación existe entre la factura presentada ahora, no aprobada por la nueva directiva de la ACP, y el hecho de que esto se produzca una vez retirado el administrador Alemán Zubieta? ¿Por qué el contenido del contrato es secreto? ¿Qué relación hay entre ambos hechos y que Sacyr hubiera introducido en sus cuentas, desde 2012, ingresos por sobrecostes de 600 millones como si ya hubiesen sido aprobados por la ACP? ¿Qué relación existe entre estos hechos y el renovado interés de la norteamericana Bechtel en el Canal y en un puerto de contenedores aquí?

Suficientes preguntas como para preocupar a la ciudadanía, en un mundo donde los sobrecostos son la forma “moderna” de robar legalmente. Llamamos a no depositar ninguna confianza en la directiva de la ACP, menos en el gobierno, en cambio exigir la participación de las organizaciones populares en una comisión investigadora independiente, que haga públicas las cláusulas del contrato, los estados financieros y establezca si ha habido dolo.

Para que no se paralicen las obras, ni sean objeto de especulación como ocurrió con el canal francés hace más de cien años, exijamos que se nacionalice la ampliación para que sea administrada por la ACP asesorada por equipos de ingenieros nacionales e internacionales. A la larga, hay que modificar el Título Constitucional y la Ley Orgánica de la ACP que convirtieron a esa entidad en una “nueva zona del Canal”, fuera del control nacional y del pueblo panameño, para que el canal deje de ser objeto de saqueo por una minoría y las organizaciones populares puedan acceder a la Junta Directiva de la ACP.

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