DEBATE

Negocios de la Autoridad del Canal: Alfredo Arias

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He leído con mucha aprensión la noticia sobre un nuevo puerto en Corozal, a ser desarrollado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El costo de la obra, una vez terminada, posiblemente sobrepase el billón de dólares.

El preámbulo de la Ley No. 19 del 11 de junio de 1977 dice lo siguiente: “El propósito de la siguiente ley es proporcionar, a la Autoridad del Canal de Panamá, las normas para su organización, funcionamiento y modernización, con el objeto de hacer del Canal una empresa eficiente y rentable, pilar del desarrollo humano y socioeconómico del país, abierta, sin discriminación alguna, a la participación de hombres y mujeres, e integrada a la estrategia marítima nacional”.

Cuando se utiliza la palabra rentable es para recalcar que la eficiencia debe ser tal, que la operación deje dividendos y así es y, si la memoria no me es infiel, en el año fiscal de 2012, los aportes al Gobierno central fueron de cerca de un billón de dólares.

La ley que regula las funciones de la ACP la conozco desde el tiempo en que fui ministro de Obras Públicas, en el gobierno del expresidente Guillermo Endara, cuando se presentó al Gabinete y fue planificada por Joaquín Vallarino, junto con un prestigioso grupo de profesionales que lo acompañaron en el esquema o marco regulatorio. Más tarde me tocó discutir la ley en la Asamblea cuando me desempeñaba como legislador.

En las discusiones dentro del Consejo de Gabinete, quedó muy claro que la responsabilidad principal de la futura ACP era la de un manejo eficiente y rentable en el tráfico por el Canal. Si se revisan las actas de Gabinete en las que se analizaba el anteproyecto de ley, se podrá observar que el presidente Endara y sus ministros tenían claro que la futura ACP no se iba a convertir en un promotor de empresas propias, y que la estrategia marítima nacional debía ser dictada por el Gobierno central, en coordinación con la ACP y otros organismo gubernamentales.

El Gobierno a través del ministro de la Presidencia es quien debe liderizar la política y estrategia marítima, no el director de la ACP.

Lo que sucede es que en la práctica tenemos dos Estados en un mismo territorio; uno en la franja canalera gobernado por la ACP y el otro en el resto del país donde ejerce un control soberano el Gobierno central. El uno es más sólido económicamente que el otro, y capaz de introducir reglas propias en el juego, e influir en las decisiones. En tono jocoso se puede decir que la ACP es la mano que mece la cuna.

El propósito de la ley era el de convertir a la futura institución en un brazo autónomo del Estado panameño, que funcionara fuera del ámbito político. El Canal debía manejarse de una manera muy eficiente, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Se le debía dar cabida a la empresa privada para involucrarla en la creación de nuevos proyectos, y desprenderse de aquellas actividades que por razón de que, al inicio de las operaciones de la vía, en 1914, no existían los servicios que necesitaba la actividad canalera. Así, poco a poco, la empresa privada brindaría esos servicios, y la nueva ACP solo se dedicaría a brindar los de traslado de naves, que es su objetivo primordial.

Los puertos panameños construidos y operados por empresas extranjeras han colocado al país dentro de los principales hubs marítimos del mundo; ellos han traído novedosas y exitosas tecnologías. El Estado nunca es el mejor administrador de los bienes bajo su custodia, siempre hay flaquezas, introducción en la política. Los errores que se cometen son enterrados bajo una capa de arena y cemento, pero en la empresa privada estos fallos se pagan. Echémosle un vistazo a Pemex en México, Petrobras en Brasil y PDV (Petróleos de Venezuela).

Un nuevo puerto en Corozal significa dragado en tierra firme y espejo de mar de cientos de hectáreas para facilitar la maniobra de los Panamax y de los Pospanamax, para volver al cauce principal de navegación, de otra manera estorbaría el flujo rápido de otras naves. Esta operación acarrearía enormes daños ecológicos.

Este puerto, para ser competitivo y acondicionarlo a las necesidades portuarias que demanda la industria marítima internacional del siglo XXI, requerirá posiblemente una inversión final de cerca de un billón de dólares, lo que significa que los aportes al Gobierno central se verán reducidos, ya que las inversiones no pagan dividendos.

El pueblo panameño, que es el dueño real de esta vía interoceánica junto con estamentos técnicos fuera de la órbita del canal, merece conocer los detalles que demanda la construcción de este proyecto, que no debe ser una decisión absoluta de la ACP.

El puerto en Corozal y otras inversiones que aumenten la capacidad económica y rentable de la ACP en menosprecio de la inversión privada, debería ser un tema de debate público entre los candidatos presidenciales. Además, creo saludable que Joaquín Vallarino, coordinador del anteproyecto de ley, y el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien elevó esta ley a título constitucional, deben pronunciarse al respecto.

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