GOBIERNO

Nepotismo, origen de expectativas y desilusiones: Julio Toro Lozano

Los casos de nepotismo identificados en el nuevo gobierno provocaron un importante movimiento social de repudio, por ser no éticos e ilegales. No fue por la novedad ni por el número de nombrados; la repulsa colectiva fue secundaria a la expectativa de la sociedad panameña con este gobierno, la adherencia a la ética, acción transparente, combate a la corrupción, más la actitud de los ministros cuestionados: prepotencia y desconocimiento.

Una soberbia que impide ver públicamente sus limitaciones y un desconocimiento o mal interpretación de la ley, o del decreto, precepto del Ministerio de la Presidencia, que prohíbe el nepotismo.

Es en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, Decreto Ejecutivo No. 246, de 15 de diciembre de 2004, que nace del artículo 27 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, que encontramos el artículo 41 que prohíbe el nepotismo.

Para la Real Academia de la Lengua Española, nepotismo es la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. Wikipedia, la define como: “La preferencia que tienen funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza”. Este actuar, de nombrar familiares, es tan antiguo como la humanidad, está registrado en todas las épocas, en todos los gobiernos e instituciones y algunos son muy famosos. Pisístrato en Atenas para favorecer a los más pobres de la sociedad; José Bonaparte nombrado rey de España por su hermano Napoleón y quizás el caso más famoso, en tiempos modernos, la combinación de los hermanos Kennedy uno presidente y el otro procurador, una familia política. En Panamá este tipo de nombramientos está prohibido por un decreto, una ley.

Para este servidor, el léxico legal es difícil de comprender y el mismo abarca lo enunciado en la Constitución, las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y los decretos presidenciales, para la población en general todo lo señalado forma parte del marco legal del país, son leyes. Es posible que el Decreto Ejecutivo 246 no hubiese sido reconocido como una ley. Tristemente, la otra posibilidad es el desconocimiento de la existencia del decreto en cuestión. Al parecer, la crisis fue resuelta con la participación del Presidente de la República al recordar que el Decreto 246 es de obligatorio cumplimiento, y con las renuncias de los favorecidos. Pero, sin sancionar a quienes infringieron la ley, aunque en realidad, la sociedad los sancionó. Sanciones que se encuentran establecidas en el capítulo VI del decreto en cuestión.

Como moraleja, los miembros del Ejecutivo, y de forma urgente, deberían avocarse a seminarios de capacitación, a fin de conocer y dominar situaciones tales como que “la autoridad solo puede realizar lo que le permite la ley”. La otra alternativa, si pudiese considerarse como tal, es que deroguen los decretos ejecutivos a los cuales no desean adherirse.

Las expectativas llevan a las desilusiones, a las decepciones.

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