OPORTUNIDAD DE IMPARTIR JUSTICIA

Noriega ¿prisión o casa?: Elvis Anthony Ureña

Luego de 22 años, extraditado desde Francia, ha regresado el exgeneral Manuel Noriega, quien lideró en esta nación un gobierno dictatorial (1983-1989), cuando fue derrocado, tras la invasión militar de Estados Unidos. Extraditado a dicho país y juzgado por crímenes de narcotráfico, cumplió 20 años de condena allá. Luego fue extraditado a Francia, en 2010, donde fue juzgado y condenado por lavado de dinero producto del narcotráfico.

Noriega enfrenta en Panamá varias sentencias condenatorias por diversos delitos, aún pendientes de cumplir; 20 años por el asesinato de Hugo Spadafora (1985), 20 años por el homicidio de Moisés Giroldi (1989), 15 años en la Masacre de Albook por los delitos de privación de libertad y asociación ilícita para delinquir, etc. Además, tiene tres procesos penales en trámite, a saber, los casos por las desapariciones y homicidios de Heliodoro Portugal (1970), Everett Clayton Kimble Guerra (1968) y Luis Antonio Quirós Morales (1969).

En torno a esos casos mencionados, dado los 77 años de edad que tiene y los problemas de salud que sufre el exmilitar, hay opiniones a favor y en contra, si debe aplicársele o no una medida de ejecución de pena, distinta a continuar pagando sus condenas en la cárcel.

Sin ánimo de desconocer el clamor de justicia de los panameños, especialmente de las familias de las víctimas, ni con la intención de justificar los actos de Noriega, me inclino por un enfoque jurídico fundamentado en el imperio de la ley en un Panamá constitucionalmente encaminado, desde 1990, a ser un país de leyes; distinto al Estado absolutista propiciado por él en la década de 1980.

La ley vigente dispone dos posibles vías para la sustitución de la ejecución de la pena regular en prisión. En una, bajo potestad del Ejecutivo y, por conducto de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el condenado podrá ser beneficiado con un depósito domiciliario u hospitalario, si se encuentra “en la fase terminal de una enfermedad o se halla en la presentación de una complicación aguda por cualquier enfermedad que ponga en peligro la vida del interno y las condiciones clínicas del mismo no son aptas para el medio carcelario” (Art. 15 del Decreto Ejecutivo 212 de 1996, modificado por el Decreto 154 de 1998). En la otra, bajo potestad del Órgano Judicial y por medio de sus jueces o magistrados, el condenado podrá ser beneficiado con prisión domiciliaria (casa por cárcel), si es una persona de 70 años de edad o más, o padece enfermedad grave científicamente comprobada que le imposibilite el cumplimiento de la pena en el centro penitenciario (Art. 108 del Código Penal).

La excepción a la medida contemplada por la última disposición penal, referente a delitos contra la humanidad o delitos de desaparición forzada de personas, en virtud de que esas nuevas conductas delictivas fueron tipificadas como tales en el nuevo Código Penal, adoptado por la Ley 14 de 2007, vigente desde el 22 de mayo de 2008, por lo tanto, no se aplica a actos criminales de esta naturaleza perpetrados con anterioridad a dicha fecha, en atención al principio de irretroactividad de la ley penal. En ambas medidas claro está que para otorgar ese beneficio, los órganos Ejecutivo y Judicial respectivamente, siguiendo el ordenamiento legal vigente, deberán considerar las circunstancias del caso, y las pruebas científicas médico-legales que comprueben la condición crítica de salud del condenado, que le impida cumplir su pena en prisión.

Por lo anterior, la decisión de continuar en la cárcel, el depósito domiciliario o casa por cárcel para Noriega es otra oportunidad que tiene el Gobierno de turno y nuestro sistema judicial, para demostrarnos estatura moral, seriedad e independencia, y en efecto, hacer verdadera justicia.

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