DESORDEN

Normativa ambiental, Panamá 2012: Harley Mitchell Morán

Según la ley, la gestión racional del ambiente corresponde al Estado. El año 2012 se caracterizó por una juridicidad incompatible con aquel cometido. El desorden e inobservancia de las fuentes formales del derecho ante la creación de nueva normativa, prevaleció. Los ngäbe buglé, temerosos de la repetición del desastre de la minería en años recientes después de negociar con el Gobierno, inadvertidamente y junto a las autoridades, propician la Ley 12 de 2012 que rompe con el manejo de los recursos establecido en la Ley 10 de 1997. Aunque se dice que aquella ley es una “victoria” para este pueblo, coloca el acceso, uso y desarrollo sobre sus recursos muy por debajo de los postulados que el derecho internacional otorga a los indígenas.

Aprobada la Ley 12 de 2012, en efecto, se reforma el Código de Recursos Minerales para que gobiernos extranjeros financien tales emprendimientos.

Ante el tráfico ilegal internacional del árbol cocobolo, protegido desde 2008, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) condiciona su aprovechamiento por la Resolución AG-0102, de 2012. Cambia de opinión e inmediatamente prohíbe aquello, a través de la Resolución AG-0103 de 2012, emitida el mismo día.

Se manifiesta “equivocación” legal en la extracción minera en cerro Cabra en Arraiján. La comunidad organizada actúa legalmente. La Sala Tercera de la Corte Suprema resuelve suspender los efectos de la Resolución AG-0072 de 2009, creadora del Humedal Bahía de Panamá y de la Resolución AG-0138 de 2009, creadora del Área Protegida de Donoso, lo que genera destrucción de manglares y rebaja de tarifas para su tala lícita y costos de multas, en el caso del primero. La “máxima corporación de justicia”, impone a la comunidad vecina la construcción, presuntamente ilegal, de un millonario edificio que, para su supuesta comodidad, menoscabará la calidad de vida de quienes osaron compartir su proximidad.

La sensibilidad por los derechos de los animales domésticos aumenta, provocando la Ley 70 de 2012. Las ferias “Yo Reciclo”, crean conciencia. En contra de la Ley General de Ambiente, Anam cede la representación del Estado ante Río + 20 al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ratifica el protocolo protector de recursos genéticos de Nagoya. Cambia, nuevamente, la dirección de Anam, pero aún no hay una posición clara en materia de cambio climático. Se intenta vender predios estatales en Colón, construidos sobre el inadjudicable lecho marino. Tras las inundaciones en Arraiján y Colón, se demuestra que la reducción del tiempo de evaluación y participación ciudadana, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 0375 de 2012, hace ineficaz y peligrosa la evaluación de impacto ambiental. La inexcusable torpeza en las nuevas decisiones legales ambientales, no es pagada por quienes las emiten, sino por toda la población, quien sufre sus terribles efectos.

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