ABANDONO PATRIMONIAL

Órdenes religiosas y el deterioro en nuestro centro histórico: Ángelo Peregrina

La designación de los lotes a las instituciones religiosas por parte de la Corona española, una vez saqueada la antigua ciudad de Panamá la Vieja, fue prioridad en el nuevo trazado ortogonal de la nueva, que fue confirmado esa tarde del 21 de enero de 1673, por el entonces capitán general y presidente de la Audiencia de Panamá, don Antonio Fernández de Córdoba, al presidir tan importante acto.

El problema de las iglesias en el distrito histórico de San Felipe y Santa Ana responde a la actuación indiscriminada de funcionarios que no llenan los estándares, e ignoran, sea por comisión u omisión, el acatamiento a la norma dictada el 22 de diciembre de 1976, durante la gestión del general Omar Torrijos. Para que no exista duda y disconformidad en cuanto a la aplicación de esta, seis años más tarde, el 5 de mayo de 1982, se confiere una nueva ley que dicta medidas sobre la custodia, conservación y administración del Patrimonio Histórico de la Nación.

Me llaman la atención las publicaciones hechas en los medios escritos por una lista de notables ciudadanos que han conformado un grupo de apoyo para respaldar las intervenciones en los edificios que albergan algunas órdenes religiosas, como la de San Felipe de Neri, San Francisco de Asís, la Catedral Metropolitana y la iglesia de San José, cuando esto es potestad de la Oficina del Casco Antiguo, adscrita al Instituto Nacional de Cultura, y que tiene entre sus funciones el cumplimiento de las normas del plan maestro y la promoción de programas que fortalezcan el principio de “ciudad histórica”, bien llamada Patrimonio Mundial.

Si bien es cierto estas edificaciones son de factura colonial, y algunas, como es el caso de San Francisco de Asís, se remontan a la primera década del siglo XX, no es menos cierto que debe asumirse con celeridad una rápida intervención. Me deja perplejo la poca o nada de coherencia hacia la comprensión de la ciudad histórica, toda vez que estos altares son cedidos como espacios de ocio y para emular, con pompas y algarabías, exclusivas bodas y compromisos de “nuestra sociedad”, que sin reserva desnaturaliza el principio de conservación al no respetar las instalaciones, recargando el espacio público y haciendo uso indebido de petardos que aminoran la estabilidad de las endebles edificaciones, igual que alterando la tranquilidad de sus habitantes. Además saturan las calles y avenidas de este conjunto monumental.

No en vano la caída del Arco Chato, dentro del conjunto monumental de los dominicos, antigua iglesia de Santo Domingo, se debió al tráfico indiscriminado de autos y los llamados fuegos artificiales en el año 2003. No veo en la lista de prioridades la iglesia de Santa Ana, aquella que Matheo de Izaguirre, el rico comerciante de la época, manda erigir en conmemoración de los más desprotegidos. Quizás porque, como para algunos ignorantes, Santa Ana sigue siendo de la plebe, sin percatarse de que la Unesco declaró patrimonio, por sus valores excepcionales, a este prominente sector, el 7 de diciembre de 1997.

El Gobierno tiene la obligación de preservar y conservar todas las instalaciones que se enmarcan en el contexto de ciudades históricas y patrimoniales. Si hoy día su estado actual es deprimente e insostenible se debe, primero, a la forma personalizada como se manejan los clérigos y las fundaciones, al no establecer programas que garanticen la asistencia de sus feligreses a las celebraciones del ritual diario y a la política de puertas cerradas de estos santuarios, cerrando la posibilidad a visitantes y turistas, algo típico en ciudades o pueblos históricos, y segundo, por el desinterés en los asuntos culturales, toda vez que escuchamos decir a los gobernantes “que de patrimonio no se vive”.

La aplicación de actividades que riñen con la moral, como “ruta del licor”, la creciente proliferación de “artesanos” que despliegan toldas improvisadas en puntos sensitivos como el paseo general Esteban Huertas, a los que se suman una gran cantidad de extranjeros, quienes ilegalmente ejercen este servicio y ofrecen recuerdos que no responden a este sector, despiertan el descontento generalizado entre los que nos visitan, a la vez que desacreditan el esfuerzo de otros buenos panameños, el destino de nuestro distrito histórico y su primordial objetivo que es reivindicar nuestra identidad.

Este comportamiento ha desembocado en una marejada de incongruencias que no se enlistan en lo que inicialmente se planteó en la recuperación de estos corregimientos, San Felipe, Santa Ana y parte de El Chorrillo, para la implementación de un plan maestro acorde a las necesidades del sitio, y no de suplir garantías e intereses para un sector privilegiado, que hace a su antojo cualquier disparate sin que las autoridades correspondientes hagan sentir su insatisfacción.

No puede negarse que los anteriores gobiernos han contribuido, de una manera u otra, a la gestión de conservación; lo que no comprendo es la actitud tardía, pasiva y callada de los prelados panameños ante el abandono y deterioro de estas edificaciones. Urge retomar la norma ya establecida en cuanto a cómo debe preservarse nuestro centro histórico, ejercer el derecho correspondiente y aplicar las sanciones a aquellos que se manejan al margen de la ley.

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