RESPONSABILIDAD

Pagando los platos que otros rompen: Leandro Ferreira Béliz

A menudo escuchamos sobre condenas impuestas al Estado panameño por tribunales de diversos ámbitos, y estas sentencias por lo general acarrean el pago de elevadas sumas de dinero a favor de las personas que interponen las respectivas demandas. Sin descartar el legítimo derecho al reclamo que tienen los que resultan afectados por malas actuaciones u omisiones de servidores públicos, debo señalar sin lugar a dudas, que estas condenas afectan a toda la población, porque las indemnizaciones restan recursos necesarios para otros menesteres, y además porque gran parte proviene de tributos de los contribuyentes, que nada tuvieron que ver con los hechos por los cuales se nos condenó.

Así las cosas, los ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos, a pesar de que cada uno de los hechos por los cuales se impone la sanción fueron cometidos por funcionarios que estaban obligados a realizar su trabajo con apego a la Ley, pero que por negligencia, irrespeto a las disposiciones vigentes, corrupción o ineptitud, no lo hicieron. Pero si los responsables de los hechos que motivaron el castigo a la nación, casi siempre están debidamente identificados y señalados, entonces, ¿por qué razón la sanción no se centra en estas personas? ¿Será que a los afectados simplemente les conviene más proceder contra el ente que puede pagar cifras atractivas, y no les importa tanto el castigo a los verdaderos culpables?

Para facilitar la transmisión de mis ideas, me permito presentar algunos ejemplos. Si en algún hospital del sector público, un médico atiende a un paciente sin cumplir el protocolo respectivo, y con ello ocasiona un daño a la salud de dicha persona, lo más probable es que la demanda correspondiente se enfile contra la institución empleadora del galeno, y los afectados se olviden del médico negligente. Al final, si prospera la acción legal, se castiga a la sociedad en su conjunto, y el mal funcionario “pasa agachado”, y con suerte seguirá ejerciendo su profesión dentro de la misma institución a la que le causó el perjuicio económico.

Otro caso es el de los desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó el país durante 21 años. Los responsables directos rara vez llegan a conocer las celdas de nuestros centros penitenciarios, pero en varios de los más sonados casos, la jugosa indemnización ha corrido por cuenta de todos nosotros que, dicho sea de paso, muchos también fuimos víctimas de ese régimen de facto.

Un ejemplo muy lamentable y de triste recordación lo constituye el envenenamiento masivo a pacientes de la Caja de Seguro Social. Muy probablemente, el monto de las indemnizaciones estremecerá las finanzas de esta entidad, de por sí ya maltrechas, pero me atrevo a pronosticar que no veremos a ninguno de sus funcionarios sancionados administrativa, civil o penalmente, a pesar de que resulta evidente que hubo una inaceptable omisión de responsabilidades básicas, al recibir materia prima para fabricar medicamentos sin efectuar las verificaciones pertinentes.

El argumento principal para achacar al Estado el pago de la factura es que a este se le considera responsable solidario. No obstante, no deja de ser injusto que los panameños tengamos que pagar gruesas sumas de dinero, cada vez que algún empleado público incurre en un error garrafal, y hasta allí llegue el asunto.

Urge el ensayo de figuras jurídicas que permitan al Estado repetir contra los causantes del perjuicio económico. Cuando empiecen a pagar por sus malas actuaciones, el número de situaciones que generan procesos contra el Estado empezará a disminuir.

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