MEDICIÓN

Panamá en el índice ´Doing Business´: Luis Alberto Morán A.

El Banco Mundial elabora cada año un informe de investigaciones exhaustivas sobre las regulaciones y políticas que restringen o facilitan el proceso de hacer negocios alrededor del mundo. Este informe se denomina Doing Business.

Singapur encabeza la clasificación global de países con mayor facilidad para hacer negocios, seguido por Nueva Zelanda, Hong Kong, Dinamarca, República de Corea, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Australia, Suecia e Islandia.

Panamá alcanzó la posición 52 entre 189 economías evaluadas, lo que indica que mejoró tres posiciones con relación al año anterior, cuando alcanzó la número 55. La mejora favorece al país y le brinda una amplia aceptación a nivel internacional.

El país ha hecho esfuerzos consistentes en el desarrollo de la competitividad nacional y el ambiente de negocios. Esto se refleja, entre otras cosas, en iniciativas como: incentivos a la inversión, protección de derechos de propiedad, calidad de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, sofisticación de su mercado financiero en casi todas las áreas, disponibilidad de las últimas tecnologías y disminución de los tiempos y requisitos para abrir una empresa, entre otros.

Durante las últimas cinco mediciones del Índice de Hacer Negocios del Banco Mundial, Panamá escaló 29 posiciones pasando de la 81 en la clasificación del año 2009, a la 52 para la medición de 2015. En esta última posición Panamá lidera la región centroamericana y se destaca en Latinoamérica y el Caribe en indicadores como obtención de electricidad, registro de propiedades, crédito y cumplimiento de contrato.

El país sigue consolidando su plataforma como nación “apta y segura para la apertura y expansión de negocios”. En este aspecto ocupa la primera posición en Centroamérica, y la quinta en la lista de países de la región, solo es superado por economías como Colombia (34), Perú (35), México (39) y Chile (41).

En el informe se destaca la “facilidad de apertura de un negocio” en Panamá, lo que lo ubica en la posición 38 del ranking. El número de procedimientos dentro de esta evaluación es menor incluso que el promedio de los países de la región, cuando en Panamá la cantidad de procedimientos requeridos es de cinco, con una duración de seis días, mientras que en la región se necesita completar ocho en un plazo de 30 días.

El “manejo de permisos de construcción” refleja que aquí se requieren 15 procedimientos y 101 días en promedio para completar dicho trámite. Al compararlo con el promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe, el promedio de procedimientos es de 13 y la cantidad de días alcanza los 178.

Al observar el “costo” (porcentaje del ingreso per cápita), se observa que para Panamá y el resto de países de la región y el Caribe representan 2.1% y 2.7% del ingreso respectivamente.

El progreso en los trámites en el sector de la construcción ha permitido el crecimiento de esta pujante actividad, considerada una de las industrias clave del alto crecimiento que mantiene este país en los últimos años.

Este sector también permite la contratación de una gran cantidad de mano de obra, debido al dinamismo y a las mejoras en la infraestructura, en todo el territorio nacional.

En la evaluación del “comercio transfronterizo”, en el que Panamá ocupa una posición ventajosa porque se mantiene en la número 9 entre 189 economías, se observan las mejoras realizadas desde hace años para lograr la reducción en el número de documentos que se requiere llenar para exportar e importar, sin dejar de destacar el tiempo.

La evaluación este año resalta que se mejoró el acceso al crédito a través de la aprobación de la Ley 129 del 31 de diciembre de 2013: “Que promueve el acceso al crédito y moderniza el sistema de garantías mobiliarias, a través de la hipoteca sobre el bien mueble y dicta otras disposiciones”. Gracias a dicha ley se amplía la clase de activos que pueden ser usados como colaterales al momento de pedir un préstamo, además, permite la ejecución extrajudicial de las garantías. La citada ley fue el resultado de un esfuerzo público–privado, como una iniciativa del Centro Nacional de Competitividad.

La mejora institucional no solo conlleva a la optimización de los procedimientos y de los tiempos, algo que es fundamental, además requiere de la capacitación continua del capital humano para lograr que se adapte, de la mejor manera, a la tecnología. Esto permite un mejor nivel de servicios y el aumento de la productividad.

Los países con facilidades para hacer negocios no son aquellos que carecen de regulaciones, sino los que han logrado crear un sistema regulatorio que facilita las interacciones en el mercado y protege el interés público, sin obstaculizar de forma innecesaria el desarrollo del sector privado.

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