PRIORIDADES DE PAÍS

Panamá y el GAFI, intereses y oportunidades: Ricardo M. Alba

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el brazo específico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los asuntos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tiene como interés fundamental generar los principios, métodos y acciones para que los países produzcan información adecuada y la entreguen, sin dilaciones y con pocas restricciones, a sus miembros, con el fin de combatir dichas actividades, además de la evasión tributaria.

Si todo este accionar puede resumirse en una palabra, el interés del GAFI es la información. Por su parte, el interés de Panamá, como productor de bienes y servicios para la comunidad nacional e internacional, debería ser más amplio y profundo, incluso tomando en cuenta aspectos de convergencia con el GAFI, y expresarse a través de normas y acciones que permitan la reducción o eliminación de los delitos subyacentes, la aplicación de normas penales a los delincuentes, el decomiso de fondos de origen ilegal, la prevención del abuso delictivo de las empresas proveedoras de servicios y la cooperación en el ámbito internacional para los fines mencionados, a través del suministro de información y otras formas de cooperación.

En cambio, la política de Panamá –si así se le puede llamar– ha sido la de no tomar acciones decisivas, sino la de adoptar, con prisa, las medidas que prescriba el GAFI y otros organismos cuando realizan sus evaluaciones periódicas. Así ocurrió tras la evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Panamá, en octubre de 2012 y divulgada en febrero de 2014, cuando tratamos de frenar los daños a la reputación del país y las medidas discriminatorias.

La actual presión que ejerce el GAFI hacia Panamá es, paradójicamente, una oportunidad para lograr acciones permanentes y profundas que respondan a los verdaderos intereses nacionales. Es, además una tarea fácil. Se trata de aprovechar todo el material legislativo y reglamentario preparado al detalle en años recientes en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la colaboración de otras entidades, cuya ignorancia por el pasado gobierno influyó en la evaluación negativa del FMI.

Ese amplio y completo material comprende normas para reformar la Ley 42 de 2000; una política nacional contra el blanqueo de capitales, reforma de la estructura y organización de la Unidad de Análisis Financiero; reestructuración de la comisión de alto nivel presidencial contra el blanqueo de capitales; adecuación del MEF para cumplir su responsabilidad de coordinación; reglamentación de la representación del Gobierno de Panamá ante el GAFI y otros organismos; difusión de normas de diligencia debida en sujetos obligados y entidades informantes; sistema de autoevaluación nacional del cumplimiento por parte de organismos de supervisión y control; medición del esfuerzo nacional contra el blanqueo de capitales; normativa regulatoria sobre aplicación de la diligencia debida, basada en el análisis de riesgos; normativa regulatoria de las relaciones de corresponsalía bancaria; distribución de activos decomisados; identificación de propietarios reales de personas jurídicas; transferencias electrónicas de fondos; comunicación de transacciones; consulta a los sujetos obligados por parte de los organismos de supervisión y control y sucursales bancarias en el extranjero.

¿Comenzaremos a pensar en el verdadero interés nacional de Panamá? ¿Planteará este gobierno una acción profunda y completa o seguiremos repitiendo la política de “susto y parche”, cuando hay una evaluación del GAFI o del FMI? Seguiremos ignorando el aporte profesional de panameños y nos acogeremos, alegremente, a las propuestas interesadas de consultores impuestos por el GAFI y otros organismos para impulsar sus intereses?

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