POLÍTICA MIGRATORIA

Panamá, crisol de razas: Alexandra Weeden Arosemena

Desde los inicios de nuestra historia, Panamá, el pequeño istmo entre dos Américas, ha sido escenario de encuentro de etnias. Un país de mezcla de culturas, tradiciones y muchos otros factores que nos hacen únicos. Eso nos dio el nombre de “Panamá, crisol de razas”, el mismo nombre que lleva el proceso de regularización migratoria extraordinaria, proyecto creado por el gobierno pasado, que hoy enciende numerosos debates.

En julio de 2012 se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 547, por medio del Ministerio de Seguridad Pública, que en su momento estaba presidido por José Raúl Mulino, con el fin de cambiar la situación irregular de los inmigrantes que se encontraban en nuestro territorio, a fin de que iniciaran los trámites para normalizar su estadía.

Está lejos de la idiosincrasia del panameño entender la decisión de inmigrar, pues nuestra nación ha sido bendecida por continuas épocas de bonanza. Esto ha evitado que los nacionales salgan en busca de beneficios para ellos y sus familiares. Una situación muy diferente a la realidad que viven los ciudadanos de otros países de la región, que se ven obligados, por distintas circunstancias, a emigrar en procura de mejores días. Sin embargo, recordemos que durante los tiempos de la dictadura militar, un sinnúmero de panameños huyeron del país, pues sus vidas estaban en riesgo.

Las ferias de Panamá, Crisol de Razas, que buscaban regularizar el estatus migratorio de miles de extranjeros, sonaban bonitas en papel: tener un control de estos inmigrantes y a la vez darles la oportunidad de trabajar y seguir adelante en nuestro país, que a su vez se beneficiaba. El crecimiento de Panamá ha sido rápido en comparación a muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, aunque tenemos ese crecimiento económico, no tenemos personal capacitado para atender las diversas necesidades que demanda. De ahí la necesidad de implementar ese tipo de programas, siempre y cuando no afecten la seguridad laboral de los panameños.

El primer proceso migratorio se inició en julio de 2010 y el último, el año pasado en el mes de octubre. En estos, personas podían obtener permiso de residencia temporal por dos años y con ello solicitar permiso de trabajo dentro del territorio hasta apegarse a un estatus migratorio. Pasados los dos años, solicitar que se les extendiera a 10. Los solicitantes debían reunir ciertos requisitos como historial de antecedentes delictivos y penales, carta de responsabilidad jurada, rendida por un residente permanente o nacional panameño, recibo de arrendamiento y luz, entre otros.

El problema recaía en que el proceso Panamá, Crisol de Razas se hizo de una manera desmesurada y sin control alguno. El mismo presentaba ciertas desventajas para el empleado panameño, pues muchas de las personas beneficiadas, nunca solicitaron el permiso de trabajo, que exigía un costo adicional. Ello daba lugar a que los empleadores se aprovecharan de la situación y contrataran personal extranjero, creando una competencia desleal frente al nacional, porque ni siquiera se veían obligados a pagarles el salario mínimo. Por esto, los extranjeros trabajaban sin estar obligados a pagar renta ni a registrarse como cotizantes de la Caja de Seguro Social.

Aunque el actual gobierno haya declarado que no se harán más ferias, existe una gran polémica entre los ciudadanos de este país al respecto. Muchos consideran que se afectó a los empleados panameños, pues cada día era más difícil encontrar plazas de trabajo mientras otros alegaban que se prestaba para que aumentara la delincuencia y el narcotráfico en el país. Sin embargo, según declaraciones del ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, solo 74 personas de un total de 57 mil legalizados por el programa incurrieron en faltas y eran procesados penalmente, por lo que ese argumento se cae de su peso.

No podemos negar el hecho de que los extranjeros aportan a nuestra economía, de forma que se requiere una política migratoria que ayude a resolver las necesidades sociales y económicas del país. Por ello, debemos considerar como positivo el proyecto de ley No. 62 que hace poco se aprobó en primer debate con el fin solucionar el problema laboral migratorio. Este propone que dentro del Servicio Nacional de Migración haya un departamento que le dé seguimiento a los beneficiados del programa, cuyo fin es que los extranjeros tengan los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, tengan la obligación de solicitar su permiso laboral y prohibir que los extranjeros beneficiados con ese permiso migratorio practiquen profesiones reservadas para nacionales, como lo establece la Constitución.

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