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De Panamá y las listas grises: Issamary Sánchez Ortega

El presente artículo guarda relación con la inclusión de Panamá en el listado gris de países con políticas antilavado de dinero deficientes, por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), organismo intergubernamental creado en 1989, que busca establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Indicó el Fondo Monetario Internacional que Panamá solo cumple a cabalidad una de las 40 recomendaciones de Gafi, tres se acatan de forma amplia, 23 parcialmente y 13 se incumplen, lo que es alarmante, considerando que Panamá es un centro bancario y financiero internacional.

De lo anterior, si bien nuestro país posee legislación bancaria actualizada, requiere de forma urgente reforzar la normativa legal antilavado, en especial lo relacionado con la aplicación y seguimiento de la “política conoce a tu cliente, la procedencia y origen de los fondos, así como el procedimiento judicial y la parte punitiva”.

Por otro lado, debe otorgársele mayor autonomía y jerarquía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), agencia estatal administrativa receptora de información financiera y de reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo; alejada de cualquier interés político e independiente en sus investigaciones y toma de decisiones sobre la materia.

Adicional, se recomienda ampliar los requisitos a exigir en el caso de reportes de operaciones sospechosas a la UAF, para facilitar el trabajo investigativo a las autoridades, considerando la colaboración adicional que deben brindar en todo momento los colaboradores bancarios/financieros.

Sobre el particular, las consecuencias de aparecer en estas listas pueden desencadenarse, en especial con nuestros bancos corresponsales. Quizás, aparte de darle mayor seguimiento a la operativa de los afiliados al centro bancario panameño, nos puedan pedir ciertos requisitos adicionales. Con los clientes del centro bancario, es probable que se creen dudas al respecto. También podrían derivarse riesgos asociados, como el reputacional, legal, país, entre otros.

Por lo antes expuesto, las autoridades y cada entidad bancaria deben trabajar en reforzar la confianza y fortaleza del centro bancario. Este es un llamado de atención para que se subsane a la brevedad y sea uno de los principales retos del nuevo gobierno.

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