EMPODERAMIENTO

Participación ciudadana y estudios de impacto ambiental: Carlos Ariel Escudero Núñez

Hace unas semanas, se celebró en la ciudad de Santiago, de Veraguas, uno de los pocos seminarios sobre el tema de participación ciudadana y resolución de conflictos socioambientales, organizado y presentado por una empresa consultora de la región, especializada en esta materia. Los temas tratados fueron dirigidos a consultores ambientales, a especialistas y al público, en general, sin embargo, faltaron actores de instituciones clave del país.

El objetivo de este tipo de capacitación, aparte de actualizar a los auditores ambientales y a los consultores, busca construir precedentes y crear docencia en cuanto a la forma de abordar y conocer el tema de la participación social y los proyectos de desarrollo que se construyen en Panamá.

En general, cuando se habla de la participación ciudadana, el empoderamiento de actores clave, el acceso a la información, etcétera, percibo que se menosprecia el papel de los actores sociales, la comunidad y la dimensión que tiene el tejido comunitario y su conflictividad. Cuando me refiero a conflictividad, hablo del alcance que puede tener un proyecto en el imaginario colectivo de un sector de la población. Esta, por contradictorio que sea, no siempre tiene que ser negativa, aunque las experiencias dicen, que es lo que más se da.

Las dimensiones en que se entiende lo ambiental y lo social, escapan de la clásica dicotomía “muchos no se han dado por enterados”, para posicionarse en un tema concreto de políticas públicas de Estado, con un solo norte: mejorar la calidad de vida del ciudadano y de sus comunidades. Así sea en el lugar más recóndito del país, cada ciudadano tiene derecho a ser escuchado, a que sus opiniones se tomen en en cuenta y a cuestionar, analizar y deliberar.

El proceso de obtener información y proporcionarla, analizarla, hacer inferencias o proyecciones sociales del componente estudiado, hace menos propensa la conflictividad negativa socioambiental, debido a que a mayor información proporcionada, se recrea en el imaginario colectivo de los individuos el derribo de mitos y la desinformación respecto a cualquier proyecto, por pequeño que este sea. ¡Tengan muy claro esto!

Si miramos las normativas existentes en Panamá para este tema veríamos, por ejemplo, que el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 123, del 14 de agosto de 2009, que regula la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental para los proyectos categorías I, II, III, dice: “El promotor de una actividad o proyecto, público o privado, está obligado a involucrar a la ciudadanía en la etapa más temprana, en la elaboración, en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental...”.

También, nos encontramos con la Ley 6 de 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, que establece la acción de hábeas data, que le da toda la potestad al ciudadano de exigir información a las instituciones del Estado y rendición de cuentas.

Con la declaración de Río, en su sección número 10, se ha dejado una base para el tema: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.

Toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medioambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que supongan peligro en sus comunidades, así como se les debe dar la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

Reitero, mientras la tecnocracia impere en las instituciones del Estado y se continúe con la visión deshumanizada y poco holística de la relación ambiente-sociedad, considerando al Dios dinero por encima de la vida y el derecho a estar informado, no cesarán los conflictos de orden socioambientales en nuestro país.

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