ENFOQUE

Pensar por qué votar, no por quién: Miguel A. Erroz G.

Se sueña con líderes iluminados que libren a la sociedad de las cadenas de la corrupción y la arbitrariedad. Para que este sueño sea real se requiere un sistema político que facilite el surgimiento de los que gobiernen de manera justa e imparcial, para todos por igual.

Se sueña debido a que la realidad es otra. El historial de delegación en nuestros países es abrumador. Una vez en el poder, los grupos utilizan las posiciones de autoridad para enriquecerse ilegítimamente y con impunidad. ¿Será que no tenemos entre quién escoger? Cada día nos cruzamos con gente trabajadora y que actúa con honestidad; todos los conocemos. Merecemos políticos así, pero las elecciones, por sí solas, no facilitan este objetivo democrático.

Para verlos surgir, primero se deberá tomar responsabilidad por la estructura organizacional del gobierno y los incentivos coercitivos que produce.

Se le da poder excesivo al Ejecutivo, pero se confía en que actuará diferente a un dictador. Por ejemplo, las constituciones le otorgan al Ejecutivo la potestad de tomar decisiones sobre la carrera de casi todo servidor público, pero como también está escrito en ellas que los fiscales y otros “son independientes”, la expectativa mal creada es que estos pueden actuar con independencia. La realidad es que los servidores públicos se ven presionados a apoyar los intereses políticos y personales de su benefactor, de lo contrario arriesgan intercambiar bienestar por perjuicios. Bajo este sistema, los dirigentes pueden, arbitrariamente, a través de los servidores públicos dispensar beneficios y castigos a otros miembros de la sociedad. Al igual que en una dictadura los afiliados a los dirigentes políticos ganan mucho, mientras que el ciudadano común resulta perjudicado (injusticia, malos servicios, falta de representación, una economía que no permea por la arbitrariedad, etcétera).

Los políticos tampoco son libres o independientes bajo este sistema. Es importante señalar que deben utilizar todas las herramientas a su alcance para apaciguar a sus partidarios y aliados. El vicio de nuestro sistema es que le otorga un sinnúmero de herramientas coercitivas, que incluyen el ser la autoridad de decisión sobre cargos públicos, partidas, favoritismo e impunidad. Dada la opción, los partidarios gravitan hacia políticos dispuestos a utilizar todo para atender su querer personal.

Esto coloca a los precandidatos que actúan con civismo –aquellos que se niegan a utilizar el poder de su posición para beneficio– en grave desventaja electoral. Es tentador concluir que la solución para lograr políticos que actúen con civismo recae en que suficientes ciudadanos, guiados por el altruismo, contribuyan activamente en campañas políticas para así hacerles contrapeso a aquellos que solo contribuyen por inversión personal. Esta proposición, sin embargo, no toma todos los hechos en consideración y fallará.

Se debe considerar que la estrategia dominante es usar el clientelismo dentro de los partidos: el que discretamente prometa favores reclutará más patrocinadores y dinero que aquel que no, permitiéndole sobresalir. En este ambiente el aspirante político que se apega al espíritu de la ley es descartado, y el ciudadano que contribuye con buenas intenciones es defraudado.

En pocas palabras, resulta desventajoso desviarse de la estrategia dominante. El resultado es la corrupción, masiva, y demasiados ciudadanos en busca de oportunidades o éxito en sus negocios se han visto obligados a concretar alianzas con grupos dispuestos a otorgar “favores”. En cada ronda la rivalidad entre ellos lleva a nuevas alturas clientelistas. Su destino es la autocracia. Incluso con la democratización electoral de Latinoamérica poco ha cambiado en la estructura interna de sus gobiernos. Persisten las constituciones que crean servidores públicos dependientes, diseñadas para producir sumisión vía el clientelismo, ante una élite. La solución no es hacer evolucionar al ciudadano o al político, está en procurar que evolucione la estructura gubernamental para que la estrategia dominante sea otra. Hay constituciones que crean mejores incentivos, se basan en servidores públicos que gozan de un alto grado de aislamiento de coacción política, esto incluye a fiscales, reguladores y muchos otros, cuyo método de selección, carrera y recursos no giren en manos de políticos.

¿Pero cómo modificar la estructura cuando aquellos que practican el clientelismo son los únicos con verdadera posibilidad de ser elegidos? El reconocimiento de que la ciudadanía no es perfecta, no quita que tenga un fuerte deseo de justicia y participación. En algún momento modificar la estructura gubernamental se tendrá que lograr sin ingresar en la política, vía una constituyente paralela. Pero la tarea actual es cambiar la interrogante de “a quién” por “qué apoyar”.

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