Periodismo y poder judicial

Los funcionarios panameños, hasta donde sé, mantuvieron un silencio sepulcral y un perfil invisible

Hace unas tres semanas, un abogado norteamericano señaló ante una concurrencia de periodistas y juristas latinoamericanos que existe una publicación cibernética que se burla cruel y constantemente de la escasa inteligencia del presidente actual de Estados Unidos, George W. Bush. El orador explicó, por ejemplo, que cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló recientemente que es inconstitucional aplicar la pena de muerte a retrasados mentales, esta publicación (vean www.presidentmoron.com) comentó que Bush ha debido sentir un gran alivio al saber que ya no podrá ser ejecutado por sus crímenes contra el Estado.

Eso provocó risa entre los presentes -periodistas, abogados, jueces y magistrados de la Corte Suprema- pero comentarios de ese tipo no son cosa de chiste en países como Panamá, donde burlarse o hablar mal de los gobernantes es cosa de cárcel.

Precisamente, esos periodistas y juristas se encontraban en Washington a fines de junio para una cumbre sobre la despenalización de la calumnia, la injuria, y el desacato en nuestro hemisferio. Yo tuve la esperanza de que la conferencia destacaría la alarmante situación de Panamá (es decir, el atraso de nuestra legislación y la aplicación agresiva de leyes obsoletas para intimidar a la prensa) y que los funcionarios panameños al asistir a la cumbre se verían obligados a tratar de defender esa situación.

Me equivoqué, por supuesto. Las sesiones plenarias se limitaron a discutir generalidades, sin citar países específicos salvo que los delegados de ese país, voluntariamente, ofrecieran alguna observación. Y los funcionarios panameños, hasta donde sé, mantuvieron un silencio sepulcral y un perfil invisible. La delegación oficial panameña incluía a dos magistrados de la Corte Suprema y a varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo. También asistieron Winston Robles y Juan Luis Correa de La Prensa, Octavio Amat de El Panamá América, y Miguel Antonio Bernal como independiente. Yo me encontraba fuera de Washington en un viaje, pero la joven abogada panameña Niurka Justiniani de Méndez asistió en mi lugar, y me proporcionó sus apuntes y grabaciones de las sesiones.

De esos apuntes y grabaciones, y luego de hablar con los periodistas que asistieron, saco en conclusión que los funcionarios panameños no se dieron por aludidos en las múltiples ocasiones en que los distintos oradores comentaron la obsolescencia de leyes penales que castigan la difamación o el desacato. Los materiales que se repartieron en la cumbre incluyeron la nueva ley panameña de acceso a la información, pero no se mencionó que la Corte Suprema acababa de fallar en contra de hacer que el contralor panameño entregara una información solicitada bajo la ley.

Pero si los honorables magistrados se escaparon de tener que justificar ese fallo ante sus colegas hemisféricos, así como el honorable defensor del pueblo se escapó de tener que defender su escaso apego a la libertad de expresión, aún abrigo la esperanza de que alguna partecita de lo mucho que se dijo en la cumbre les haya penetrado en el cráneo. Las leyes penales de difamación y desacato fueron repetidamente tildadas de “anacrónicas” y “represivas”, por más que estas sigan vigentes en la mitad de los países latinoamericanos. Ante la dificultad política de derogarlas, en otros países se ha adoptado una estrategia de “evolución jurisprudencial” en que jueces y magistrados simplemente incorporan doctrinas de interpretación que modernicen la aplicación de estas leyes. Primordial entre estas doctrinas está la “real malicia”, que requiere que el acusado haya afirmado una falsedad patente a sabiendas de que era falso o con una indiferencia temeraria por su posible falsedad.

Otras doctrinas modernas proponen que siempre se admita la verdad como defensa (solo las afirmaciones falsas serían accionables); que se distinga si el querellante es una figura pública o privada (las figuras públicas tendrían menos protección); que se distinga entre afirmaciones fácticas, opiniones, y expresiones satíricas (las ultimas dos jamás serían accionables); que se considere que toda caricatura es la expresión gráfica de una opinión (es decir, no accionable); y que se tome en cuenta la seriedad de la fuente citada para la información (si la fuente fue un funcionario, por ejemplo, el periodista quedaría eximido de responsabilidad).

Ninguna de estas doctrinas modernizantes está vigente en Panamá, donde no solamente tenemos leyes anacrónicas, sino que estas son aplicadas de manera particularmente primitiva. Ante la triste realidad de que el país no está listo para dar un brinco rápido a la despenalización total de la difamación y el desacato, debemos al menos exigir que el Organo Judicial impulse una “evolución jurisprudencial” que paso a paso nos lleve hacia allá.

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