CANAL DE PANAMÁ

Preocupación ciudadana: Edgardo Lasso Valdés

Los medios de información social, prensa, radio y televisión, desde hace varios días repiten con insistencia noticias alarmantes sobre el futuro incierto de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, debido a reclamos presentados por la empresa GUPC (Grupo Unidos por el Canal), encargada de los trabajos totales que se requieren para culminar con éxito la ampliación de tan magna obra.

Parece ser que GUPC mantiene entre sus asociados más importantes a empresas españolas que, debido a problemas financieros dentro de su país, decidieron incursionar en la licitación del Canal de Panamá presentando cifras financieras que les permitieran cerciorarse de poder calificar como participante de la convocatoria.

Una vez conseguida la aprobación para competir, siguieron con el segundo punto de su agenda: presentar la oferta más baja para lograr su adjudicación.

Una vez logrado su propósito, al inicio de la obra empezaron ciertas diferencias entre la junta directiva del Canal de Panamá y los directivos de la empresa constructora, debido a ciertas demoras en el plazo de entrega de las nuevas compuertas, la calidad del cemento utilizado y otros reclamos que se fueron subsanando poco a poco.

Pero, últimamente, las pretensiones de la empresa GUPC han superado el límite de paciencia de los directivos del Canal; se acusan mutuamente de incumplimiento del contrato firmado.

Por un lado, la empresa constructora reclama sobrecostos, adicionales a los US$3 mil 118 millones, cifra que les permitió ser favorecidos con la licitación, por resultar la propuesta más baja. Por el otro lado, la junta directiva del Canal reclama el cumplimiento del contrato firmado entre ambas partes, aduciendo que ya les ha adelantado en dinero un porcentaje más alto que el que les corresponde por los trabajos efectuados.

Mientras, la empresa constructora amenaza por escrito con paralizar las obras de ampliación si no les reconocen los $1.600 millones por sobrecostos. Las autoridades canaleras exigen mantenerse dentro de lo establecido en el contrato firmado, acudiendo al arbitraje contemplado en lo pactado.

Este es un nuevo reto que se le presenta a nuestro país, el primero fue demostrar tener la capacidad y el interés por administrar con sapiencia y profesionalismo el mayor activo que tenemos, el Canal.

Ahora debemos demostrarle al mundo que también podemos realizar las obras de ampliación, con honestidad y justicia, pagando lo justo, de acuerdo a lo pactado legalmente, evitando la especulación y los subterfugios deshonestos.

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