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CAPACIDADES

‘Presidente’: Luis Alberto Castrellón Oller

Este término tiene diferentes percepciones y significados para los ciudadanos de cualquier país, dependiendo si es de una organización no gubernamental, social, deportiva, empresarial, entidad política, gubernamental o estatal, pues a quien ostente el cargo de presidente de cualquiera organización como las descritas, se le considera un dirigente, líder y estadista.

Así se puede decir, según expertos en la materia, que: “Todo dirigente debe tener una serie de cualidades o características, como la capacidad de crear equipos de trabajo competentes y de gestionarlos de manera correcta, poseer iniciativa estratégica, buscar resultados para alcanzar el éxito, ser íntegro, apasionado con su trabajo y perseverante. Es importante que el dirigente tenga capacidad de liderazgo”.

El líder es lo “suficientemente valiente para  defender lo que quiere ante cualquier persona, de manera segura; es paciente con los demás y lo suficientemente honesto para entender que todos somos valiosos aun cuando no le guste la postura y la actitud de los demás, y respeta eso. Es el que lleva a cabo lo que piensa, siempre y cuando mantenga un mínimo de cordura”. De manera que, si una persona con su liderazgo promueve en los demás lo que les ha planteado, entonces, logra los derroteros que ha trazado.

Al estadista se le puede resumir “como la persona que es armador de triunfos haciendo lo necesario, lo justo, y lo correcto; que se preocupa por el orden, lo moral, lo honesto, que trasciende y alcanza los propósitos para los demás, es el que cuenta con una visión larga y pasos firmes en lo que cree, con carácter y voluntad para cambiar el rumbo”…, y destino de la historia del pueblo que dirige. Es el que “se preocupa de las próximas generaciones” y no por las próximas actividades electoreras.

Así pues, la persona que ejerza el cargo de presidente debe reunir las cualidades de dirigente, líder y estadista, para que nuestro Panamá sea mejor.

Al amparo de las disposiciones constitucionales como los artículos 183, 184 y 309, el presidente y los servidores públicos deben cumplir con sus obligaciones y responsabilidades allí establecidas.

Ahora bien, si un presidente no cumple o no ha cumplido con sus obligaciones y responsabilidades, tiene que responder por sus propios actos y por todos los actos, que indebidamente hayan ejecutado las personas que estén bajo su mandato.

Ante todos los hallazgos sobre los hechos cometidos por los servidores públicos de la pasada administración, los defensores de estos pretenden que los ciudadanos olvidemos los actos claros y evidentes de deshonestidad, corrupción, despilfarro, trasposición de bienes y dineros de la nación, arguyendo todo tipo de artimañas y subterfugios, so pretexto de incumplimiento del debido proceso en todas las instancias, lo que no es justo, ni correcto con la ciudadanía.

Hay que investigar, juzgar y condenar a todos los responsables por los delitos que hayan cometido, con base a la verdad real y material, por la ruina que le han ocasionado al tesoro del país.

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