DESATINOS

El Presidente en su laberinto: Rubén Darío Paredes

Las reflexiones que siguen van dirigidas a líderes políticos de talla, con visión de estadistas, no son aptas para aquellos de luces cortas, oportunistas políticos en busca de fortunas. Los primeros seguro reflexionarán serenos y positivamente, los segundos posiblemente se irritarán. ¡He allí la diferencia!

Reflexionando, entonces, hemos aprendido de otros maestros que para llegar a estadista se requiere sentido común y olfato de sabueso para anticiparse, colocarse a la cabeza, canalizar y conducir los cambios impostergables de la estructura social que se gobierna; más hoy cuando la imprescindible herramienta para propiciar estos cambios y conquistas de la sociedad en una democracia modelo, el órgano Legislativo, es inoperante e improductivo y sigue secuestrado en uno de los bolsillos de los presidentes de turno.

Aquellos que traten de impedir los anhelos de una revolución creciente de justas aspiraciones periódicas del pueblo, en la medida que este se educa e incursiona en las redes sociales mundiales, sin duda, se expondría a ser arrollado por la locomotora de los cambios y evolución social. Estaríamos ante un suicidio político colectivo y todos resultaríamos perjudicados.

Por estas consideraciones, tanto gobernantes como gobernados estamos comprometidos a leer los mensajes claros que dejó en la colectividad la última manifestación pacífica del sector salud y varias otras organizaciones agremiadas, además del mensaje de nuestras iglesias.

Más que estar en contra del proyecto Ley 349, se rechazó la imposición inconsulta de la ley, método autocrático que pensábamos se había superado desde la desagradable experiencia de la Ley 30, que generó violentos disturbios con saldo de muertes y lesiones graves entre la población indígena de la provincia de Bocas del Toro.

La demostración de fuerza que presenciamos, organizada y disciplinada como hacía mucho no veíamos en nuestras calles y plazas, dejó la advertencia de que ha nacido el movimiento social de los “indignados panameños”, quienes reclaman –como en Marruecos, Egipto, Libia, Siria, España, Chile y Nueva York– ¡una democracia verdadera, pero ahora! Como a todos consta, fue una protesta en masa, con expresión de rebeldía creciente y reclamo tácito por alcanzar mayor participación en las decisiones de legislación y en el perfeccionamiento de las nuevas leyes, para la consolidación de una verdadera democracia; así como el derecho a que se tome en cuenta la opinión del pueblo en la estructuración del presupuesto de inversión, priorizando los proyectos para el desarrollo y bienestar humano.

En las democracias maduras, aquellas donde hay una verdadera separación de los poderes del Estado, el pueblo no tolera que se desate una carrera armamentista a sus espaldas, como ocurre aquí, sustentada con argumentos baladíes y demagógicos como que los temas de seguridad y la enorme inversión en armamentos y equipos están vedados a una discusión publica y abierta al pueblo, al Legislativo y a la prensa en general, con la excusa –más bien comodín– de que se trata de un “tema de seguridad nacional”.

Al contrario, cuando estos temas trascienden, tal cual son, y la tecnología que alcanzan llega hasta los oídos de los capos del crimen organizado, esto tiene un efecto disuasivo; así ocurre en el Estado de Israel en donde se anuncian estas inversiones en equipamiento y el efecto sicológico en el enemigo es considerable.

Sr. Presidente, esta carrera armamentista no deja réditos económicos ni beneficio sociales para un país pequeño con bandera neutral y de paz; un país sin una amenaza seria que ponga en peligro nuestra integridad territorial y, lo más importante estemos o no de acuerdo, un país que aún está bajo el paraguas del Pentágono, por efecto de los tratados Torrijos-Carter.

Por otra parte, vale expresar que para contrarrestar la infiltración de guerrillas y el trasiego de drogas en nuestras fronteras y aguas jurisdiccionales, Panamá ya alcanzó el nivel de equipamiento y organización territorial suficiente como para combatir el narcotráfico y las narcoguerrillas. No sucede así en materia de seguridad ciudadana.

Comprar más armas es una irresponsabilidad y un despilfarro de los fondos públicos. Con los $300 millones invertidos en armamento, naves y equipos ¿cuántos miles de vasos de leche, avena y huevos se comprarían para alimentar a los 480 mil marginados, sin educación ni profesión, que habitan en las cabeceras de provincia? Muchos de ellos podrían ingresar en programas de seguridad preventiva, en cursos de capacitación para aprender una profesión artesanal u oficios en los talleres del Inadeh y de las juntas comunales, así podrían ganarse el pan de cada día y abandonar el camino de la delincuencia.

¿Cuántas granjas correccionales y talleres podríamos organizar y poner a funcionar con esos millones invertidos en hierros que se oxidarán en las armerías? ¿Cuántos médicos cirujanos especialistas, enfermeras y paramédicos podríamos capacitar con este enorme capital invertido en hierros y pólvora? Con estos millones podríamos construir tres nuevos acueductos con aguas del río Bayano, debido a que la demanda del río Chagres alcanzó el punto de saturación.

Finalmente, ¿qué le ocurre, Sr. Presidente, con el proyecto sobre las reformas constitucionales que todos le aplaudimos?

Fue un grave error su mensaje a la Nación. El último en perder la serenidad en el país debe ser el estadista, el conciliador y armonizador del pueblo que lo eligió. Lamentable desliz que presagia confrontaciones tras las que todos seremos perdedores.

La masa de los inconformes se multiplicará y no hay ejército que detenga, para siempre, a un pueblo enardecido. Egipto, Libia, Siria son ejemplos recientes.

La salida democrática sería que el Presidente impulse y defienda las reformas constitucionales. No queda espacio para otra desilusión.

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